- El cabecilla de la estructura delictiva recibió una condena de 30 años de reclusión.
- Doce procesados fueron sentenciados a 22 años de cárcel en calidad de coautores.
- La agrupación operaba con centros de acopio en Manta, Montecristi y Jaramijó.
- Peritajes balísticos demostraron su vinculación en atentados de sicariato y tentativas.
Un Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Manabí dictó sentencia condenatoria contra 13 integrantes de un grupo delictivo organizado dedicado a la ejecución de asesinatos bajo la modalidad de sicariato, tentativas de homicidio y tráfico ilícito de armamento. La resolución judicial impuso una condena máxima de 30 años de privación de libertad para el principal cabecilla de la organización criminal, mientras que otros 12 procesados deberán cumplir una pena de 22 años de reclusión mayor tras determinarse su responsabilidad penal en calidad de coautores directos.
Investigaciones y operativos conjuntos en tres cantones
El proceso penal fue sustentado por la Fiscalía General del Estado a través de su Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en estrecha articulación operativa con unidades tácticas y de inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador. Las labores investigativas abarcaron vigilancias electrónicas, seguimientos de campo e interceptaciones telefónicas autorizadas por jueces de garantías penales durante más de ocho meses de diligencias ininterrumpidas.
Los informes policiales presentados durante la audiencia de juzgamiento demostraron que la célula delictiva mantenía como radio de acción principal los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. En estos puntos urbanos y suburbanos de la costa manabita, los acusados acondicionaban inmuebles residenciales y talleres mecánicos como bodegas clandestinas para el acopio de armas, municiones, motocicletas y vehículos adulterados que utilizaban para movilizarse durante los atentados.
Carga probatoria y cotejamientos periciales en juicio
Durante la etapa de juicio, el agente fiscal asignado al caso expuso un extenso acervo documental, testimonial y pericial. Entre los elementos determinantes constaron los informes balísticos integrados al Sistema Automatizado de Identificación Balística (IBIS), los cuales demostraron de forma científica que varias de las 18 armas de fuego incautadas en allanamientos —entre pistolas automáticas de 9 milímetros, revólveres y fusiles de asalto— guardaban coincidencia exacta con casquillos y vainas percutidas recuperadas en cuatro escenas de crímenes y atentados violentos perpetrados en Manta entre 2023 y 2024.
Asimismo, los peritajes de extracción de información de dispositivos móviles permitieron reconstruir conversaciones, mensajes de texto y fotografías que daban cuenta de la distribución de roles, pagos por labores de custodia, órdenes de vigilancia a posibles víctimas y mecanismos de escape coordinados entre los sentenciados tras consumar los ataques armados en contra de comerciantes y transportistas locales.
Resolución judicial y medidas de reparación integral
Los jueces que integraron el tribunal de la Función Judicial acogieron la tesis acusatoria fiscal de manera unánime, tipificando los hechos bajo los preceptos del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con severidad la delincuencia organizada. Además del tiempo de privación de libertad en centros penitenciarios de máxima seguridad, los magistrados ordenaron la suspensión de los derechos de ciudadanía de los condenados durante la vigencia de la pena y el comiso definitivo de todos los bienes, automotores y armas decomisadas en los operativos de captura.
El tribunal fijó también montos económicos por concepto de multas y reparación integral patrimonial a favor de los familiares de las víctimas mortales y de las personas que resultaron heridas en los atentados. El Ministerio del Interior y los mandos policiales informaron que mantendrán los patrullajes preventivos y las intervenciones focalizadas en los barrios donde operaba esta red, con el propósito de neutralizar posibles intentos de reagrupamiento de células delictivas afines en el perfil costanero.
Esta sentencia sienta un precedente de rigor en la provincia de Manabí, complementando las continuas acciones de control y decomisos ejecutadas por las fuerzas del orden, en sintonía con las recientes intervenciones sobre operativos policiales contra el crimen organizado en Manabí. Las autoridades penitenciarias coordinaron el traslado inmediato de los reclusos bajo estrictos protocolos de seguridad hacia pabellones de máxima custodia del país.
