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Alias ‘Diablo’ y sentenciados en caso Independencia Judicial apelan su condena

Sala de audiencias penales de la Corte Nacional de Justicia

Actualizada:

4 min de lectura
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  • Defensas técnicas de los condenados radicaron formalmente recursos de apelación en la Corte Nacional de Justicia.
  • El proceso investiga la presunta manipulación y obstrucción procesal en favor de exvocales de la Judicatura.
  • Alias ‘Diablo’ fue sentenciado en primera instancia como coautor de actos de interferencia en fallos judiciales.
  • El tribunal de alzada deberá convocar a audiencia oral y pública para resolver la validez de las penas impuestas.
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El proceso penal conocido como Independencia Judicial ingresó este lunes 16 de noviembre en una fase decisiva tras la formalización de los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas de varios de los principales sentenciados en primera instancia, entre ellos el procesado identificado con el alias de ‘Diablo’ y exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, quienes buscan anular las condenas privativas de libertad dictadas por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia.

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El expediente judicial investiga un complejo entramado de presiones políticas, tráfico de influencias y maniobras administrativas ejecutadas para destituir de manera irregular a jueces y entorpecer investigaciones de alto impacto que involucraban a figuras de relevancia nacional. Según la acusación sustentada por la Fiscalía General del Estado, los sentenciados articularon resoluciones exprés para blindar intereses corporativos y alterar el curso de litigios clave en materia constitucional y penal.

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Los argumentos de la defensa en el caso Independencia Judicial

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Los abogados defensores argumentan en sus escritos de impugnación la existencia de presuntos vicios procesales, vulneración del debido proceso y una indebida valoración de los testimonios anticipados y peritajes informáticos presentados durante la audiencia de juzgamiento. Sostienen que no se acreditó fehacientemente la materialidad de la obstrucción a la justicia ni la relación de causalidad directa respecto a las conductas atribuidas a sus patrocinados. Para ampliar el contexto de la información, cabe destacar el seguimiento continuo sobre procesos penales de la Fiscalía General del Estado contra redes de corrupción, donde convergen los intereses de las instituciones involucradas.

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El entramado de presiones en la Judicatura y las resoluciones de alzada

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Por su parte, el Ministerio Público ratificó que las pruebas periciales, interceptaciones autorizadas judicialmente y testimonios corroborados demuestran de forma irrebatible la concertación ilícita orientada a socavar la autonomía institucional de los magistrados. La Fiscalía solicitará a los jueces de la sala especializada de apelación que ratifiquen la totalidad de las penas privativas de libertad y las medidas de reparación integral económica fijadas a favor del Estado. Los reportes oficiales del organismo técnico Corte Nacional de Justicia del Ecuador corroboran la relevancia de las disposiciones vigentes.

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La resolución que adopte el tribunal de alzada sentará un precedente de vital importancia en la lucha contra la impunidad y la cooptación de las cortes de justicia en Ecuador. Organizaciones de veeduría ciudadana y colegios de profesionales del derecho han solicitado audiencias públicas transparentes para supervisar el desenlace de uno de los casos más emblemáticos de depuración del sistema de administración de justicia. Los lineamientos y estándares regulados por Fiscalía General del Estado marcan la hoja de ruta jurídica y operativa para mitigar los riesgos derivados de estos acontecimientos.

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Adicionalmente, los magistrados deberán evaluar si se mantienen vigentes las medidas cautelares de prisión preventiva y prohibición de enajenar bienes sobre el patrimonio de los imputados, garantizando que los recursos ilícitamente desviados no sean ocultados antes de la ejecutoria definitiva de las sanciones. Los magistrados de la sala especializada enfatizaron que el análisis de la apelación se efectuará con apego irrestricto a los estándares probatorios y al principio de inmediación procesal, verificando que cada sanción impuesta responda de manera proporcional a la gravedad de los hechos acreditados en el juicio. De forma paralela, las veedurías ciudadanas solicitaron a la Corte Nacional de Justicia que transmita de manera pública la audiencia de fundamentación de recursos, con el objetivo de transparentar las decisiones de los conjueces frente a la opinión pública. De este modo, los órganos jurisdiccionales buscan garantizar la seguridad jurídica y la imparcialidad en la resolución de causas de alto interés institucional para el país.

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