Advertencia internacional sobre la independencia judicial
La seguridad de los jueces anticorrupción en Ecuador genera preocupación a nivel internacional. La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su inquietud este 8 de enero. La experta alertó sobre los riesgos que enfrentan magistrados que investigan casos de alto impacto, especialmente vinculados con corrupción y crimen organizado. La seguridad de los jueces en Ecuador es una preocupación constante.
Este pronunciamiento se produce tras el pedido formal de jueces anticorrupción al Consejo de la Judicatura. En diciembre, solicitaron mejores condiciones de seguridad para ejercer sus funciones sin amenazas. La alerta cobró mayor relevancia tras la renuncia del juez Carlos Serrano, quien denunció presiones y amedrentamientos. El caso de seguridad jueces en Ecuador sigue siendo relevante.
Denuncias sobre evaluaciones de riesgo poco realistas
Según una carta pública del 26 de diciembre, diez jueces anticorrupción cuestionaron los informes de riesgo oficiales. Indicaron que estos análisis no reflejan la realidad. Los documentos sostienen que el riesgo disminuye con el tiempo, pese a que la exposición pública incrementa el peligro, especialmente al considerar la seguridad jueces Ecuador.
Además, los magistrados afirmaron haber advertido esta situación en al menos siete ocasiones anteriores. Sin embargo, solo recibieron dos policías asignados. No cuentan con logística ni financiamiento estatal. Incluso deben cubrir gastos básicos del personal asignado, lo que agrava su vulnerabilidad institucional y pone en riesgo la seguridad jueces Ecuador.
Renuncia de juez y contexto político
La carta se difundió luego de conocerse la renuncia del juez Carlos Serrano. El magistrado habría recibido presiones de un funcionario de la Judicatura. El caso estaba relacionado con lavado de activos y un narcotraficante bosnio sentenciado en Ecuador. Serrano también denunció amenazas directas por integrar el tribunal que emitió la condena.
Este hecho derivó en un juicio político impulsado por el correísmo. La oposición busca responsabilizar al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La controversia incluye el rol de su esposa como abogada defensora del extranjero durante la investigación previa.
Preocupación persistente de la ONU
Margaret Satterthwaite recordó que en 2023 ya había alertado sobre persecución a operadores judiciales. Mencionó amenazas de bomba y atentados contra complejos judiciales. Por ello, le preocupa que los patrones de inseguridad continúen, pese a compromisos oficiales de reforzar la protección.
La relatora subrayó que la intimidación contra jueces y fiscales vulnera la independencia judicial. También constituye una injerencia directa en los procesos legales. Recalcó que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de los funcionarios judiciales.
Finalmente, advirtió que la inacción institucional incrementa la vulnerabilidad de la justicia independiente. Esto, según afirmó, debilita gravemente el Estado de derecho en Ecuador.
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