Contrato de almacenamiento y control de datos
Segura EP niega acceso de terceros a la información de videovigilancia del sistema municipal de Guayaquil. El gerente general, Alex Anchundia, afirmó que la “llave” de acceso permanece bajo control exclusivo de la empresa pública. Además, sostuvo que el contrato con Telconet se firmó en 2022, durante la administración anterior, bajo parámetros técnicos y jurídicos.
Las declaraciones surgieron tras la intervención del Gobierno Nacional a la entidad municipal. Sin embargo, Anchundia precisó que el procedimiento constituyó un “acto urgente” de verificación técnica. Según explicó, no se incautaron equipos ni documentos oficiales.
La Fiscalía abrió una investigación previa por presunta difusión de información restringida. En consecuencia, el caso seguirá un trámite procesal conforme a la normativa vigente.
Intervención y coordinación operativa
Segura EP niega acceso de terceros incluso cuando el almacenamiento físico se realiza en servidores externos. El gerente comparó el modelo con una bodega arrendada. El espacio no pertenece a la empresa, pero el control operativo sí.
Además, indicó que la presencia policial en el Centro de Comando y Control responde a un esquema de articulación institucional. Este mecanismo busca optimizar la coordinación con unidades investigativas. Por lo tanto, la empresa asegura que continúa operando con normalidad administrativa.
Desde febrero de 2025, la entidad solicitó un convenio tripartito con los ministerios del Interior y Defensa. El objetivo es regular el uso de recursos municipales y fortalecer operativos conjuntos. Ahora, según Anchundia, existe apertura para concretarlo.
Costo de servidores propios
Segura EP niega acceso de terceros mientras avanza en un proceso gradual para implementar almacenamiento propio. No obstante, el volumen de datos complica esa transición tecnológica. Más de 30.000 cámaras generan información continua, con un mínimo de 30 días de resguardo.
El municipio estima que la infraestructura requeriría entre USD 8 y 10 millones. Esta inversión cubriría servidores de alta capacidad, sistemas redundantes y seguridad informática avanzada. Además, ya se destinaron cerca de USD 1,5 millones para alojar grabaciones de bodycams y registros de la ATM.
Contexto institucional y tensiones políticas
La intervención ocurrió días después de la prisión preventiva contra el alcalde Aquiles Alvarez. Este episodio profundizó tensiones entre el Municipio y el Gobierno central. Segura EP niega acceso de terceros y defiende su autonomía administrativa.
La empresa maneja un presupuesto anual de entre USD 82 y 85 millones. En consecuencia, el debate también involucra competencias constitucionales y gestión de recursos públicos. Mientras tanto, las autoridades mantienen un discurso de cooperación técnica para garantizar la seguridad ciudadana.
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