Los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Noboa se enfrentarán en la segunda vuelta electoral el 15 de octubre de 2023. De acuerdo con el calendario electoral, el ganador ocupará la presidencia por un período que no excederá los 17 meses.
Sin embargo, el tiempo de acción del próximo gobierno podría reducirse a tan solo 10 meses, ya que entre septiembre y octubre de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará a una nueva campaña electoral para 2025. Esto se debe a las elecciones anticipadas de 2023, que buscan completar el mandato que Guillermo Lasso no pudo cumplir después de su disolución de la Asamblea Nacional en mayo pasado.
Cada cuatro años, el CNE convoca a elecciones nacionales entre los meses de septiembre y octubre, cinco meses antes de la fecha de votación y siete meses antes de que se instalen las nuevas autoridades. Por lo tanto, el próximo presidente de la República tendrá la atención del país hasta que surjan nuevos candidatos en la escena política.
Las fechas quedarían de la siguiente manera: desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024 (10 meses), el próximo presidente deberá aprovechar este período para proclamarse como un gobierno de transición exitoso. A partir de octubre de 2024 hasta enero de 2025 (5 meses), se llevará a cabo una nueva campaña electoral y el gobierno en funciones perderá protagonismo.
“Es evidente que, ya sea Luisa o Noboa, el ganador de la presidencia querrá postularse para la reelección en 2025”, señaló Juan Emilio Vásconez, director de Núcleo Ecuador en el programa Políticamente Correcto del 24 de septiembre.
Según el economista y analista político Michel Leví, los planes de gobierno de ambos candidatos no están diseñados para una transición, ya que “la mayoría de las propuestas son imposibles de cumplir en 17 meses de gobierno”.
Gabriella Guerrero, jurista y politóloga invitada, explicó que los planes de gobierno de los candidatos carecen de información y estructura porque se elaboraron en poco tiempo debido a las elecciones atípicas. “La mayoría de los planes de gobierno se redactaron unas semanas antes de comenzar la campaña electoral, lo que impidió recopilar la información necesaria para propuestas sólidas”, explicó Guerrero.
A pesar de tener 70 y 76 páginas respectivamente, los planes de gobierno de González y Noboa carecen de cifras y objetivos medibles, lo que debería preocupar a la ciudadanía, según Gabriel Martínez, exministro de Gobierno de Lenín Moreno. “En los planes de gobierno se habla muy poco sobre cómo financiarán todas sus propuestas, la mayoría son simplemente promesas”.
En la campaña electoral, ambos candidatos han expresado su interés en utilizar las reservas internacionales de Ecuador para enfrentar las urgencias financieras derivadas del fenómeno de El Niño en los próximos meses y durante 2024. Sin embargo, Martínez señaló que la Ley de Protección de la Dolarización impide que el Banco Central preste dinero al Estado, y que las reservas fueron creadas para situaciones de crisis que amenacen la dolarización del país.
Por otro lado, Vásconez opinó que las reservas podrían utilizarse para enfrentar El Niño, ya que el fenómeno puede considerarse una crisis. “Si no se aborda adecuadamente El Niño, nuestra dolarización podría verse afectada”, argumentó el analista.
En cuanto a la prioridad de impulsar una Constituyente o una consulta popular durante los 17 meses de gobierno, los panelistas coinciden en que González podría centrarse en una Constituyente, a pesar de que afirmó que no lo haría en una entrevista previa. Guerrero considera que debería ser la ciudadanía quien decida sobre este tema, ya que no está claro por qué se impulsaría una reforma constitucional de este tipo.
Vásconez cree que González podría aprovechar sus primeros meses de gobierno para impulsar una Constituyente debido a su fortaleza electoral. Por su parte, Martínez no ve viable que Noboa se enfoque en una consulta popular durante un gobierno de transición, ya que perder en una consulta debilitaría su gobierno.
En resumen, el próximo gobierno de Ecuador tendrá un período de acción limitado antes de la próxima campaña electoral, lo que plantea desafíos en la implementación de propuestas y la toma de decisiones.
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