La paralización del transporte público en Ecuador puede generar sanciones de hasta tres años de prisión según el COIP. Los dirigentes de Pichincha anuncian paro para el 15 de septiembre por alza del diésel.
El presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, Carlos Brunis, anunció un paro de transporte público a partir del lunes 15 de septiembre de 2025. Esta medida responde al incremento del precio del diésel de $1,80 a $2,80 por galón, tras la eliminación del subsidio estatal.
Sin embargo, esta decisión podría acarrear graves consecuencias legales para los dirigentes responsables.
Marco Legal: Sanciones del COIP por Paralización
Según el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cualquier persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público puede enfrentar sanciones por paro de transporte público que incluyen pena privativa de libertad de uno a tres años.
«La sanción contempla una pena privativa de libertad de uno a tres años», establece claramente el COIP. Esta normativa también aplica para quienes se resistan violentamente al restablecimiento del servicio.
Responsabilidad Legal de los Dirigentes
En entrevista con el diario La Hora, el abogado Christian Pérez explicó que los representantes legales de las cooperativas serían los principales responsables ante las sanciones por paro de transporte público.
«La sanción recae sobre los representantes porque son quienes toman y ejecutan las decisiones dentro del gremio», indicó Pérez. Por tanto, los dirigentes que promuevan la paralización podrían enfrentar procesos penales.
Proceso de Denuncia y Aplicación
Para que se inicie un proceso penal, es necesario presentar una denuncia formal ante la Fiscalía. Cualquier ciudadano puede presentar esta denuncia, especialmente si ha sido afectado por la suspensión del servicio público.
El dirigente Brunis declaró: «La decisión que se tomó es suspender el servicio desde las 00:00 del lunes, hasta que la autoridad nos convoque a una mesa técnica». No obstante, intentaron contactar al ministro de Transporte, Roberto Luque, sin obtener respuesta.
Precedente Legal en Ecuador
Las sanciones por paro de transporte público en Ecuador establecen un precedente importante para futuras movilizaciones. El COIP es claro en proteger la continuidad de servicios esenciales como el transporte público, considerando su impacto en la ciudadanía.
En consecuencia, los dirigentes del transporte deben evaluar cuidadosamente las implicaciones legales antes de proceder con la paralización anunciada para el 15 de septiembre.
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