- La deuda del Estado con las clínicas dializadoras asciende a USD 400 millones por parte del MSP y USD 80 millones del IESS.
- En Ecuador existen 20.800 pacientes con insuficiencia renal crónica, de los cuales 19.340 se atienden en 116 centros privados.
- Centros médicos han comenzado a racionar insumos y suspender admisiones por falta de liquidez tras 26 meses de atrasos.
La atención médica para miles de pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica en Ecuador ha entrado en una fase de extrema vulnerabilidad. La Asociación Nacional de Clínicas Dializadoras emitió un enérgico pronunciamiento advirtiendo que el modelo de tercerización hospitalaria se encuentra al borde del colapso definitivo, como resultado de una deuda acumulada por parte de las entidades públicas que ya alcanza los USD 480 millones.
Una crisis financiera que pone en riesgo 20.000 vidas en Ecuador
De acuerdo con el desglose contable entregado por los representantes del gremio, el monto pendiente con el Ministerio de Salud Pública (MSP) ronda los USD 400 millones, habiendo crecido de manera exponencial desde 2021 cuando se situaba en USD 80 millones. Por su parte, la cartera vencida con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) suma otros USD 80 millones, correspondientes a tratamientos ya brindados, insumos aplicados y auditorías que han tardado hasta dos años en concretarse en las delegaciones provinciales.
En el territorio nacional, un total de 20.800 ciudadanos dependen de sesiones de hemodiálisis tres veces por semana para continuar con vida. De esa cifra global, 19.340 enfermos reciben sus terapias en 116 centros de diálisis privados acreditados, los cuales operan alrededor de 3.500 máquinas de filtrado sanguíneo. La red de hospitales públicos solo posee capacidad instalada para tratar de manera directa a 1.460 pacientes, lo que demuestra la absoluta dependencia estatal del subsistema particular de salud.
Falta de liquidez, escasez de filtros y agonía operativa
La portavoz gremial Pamela Luna denunció que varios prestadores externos arrastran hasta 26 meses de atraso ininterrumpido en los desembolsos, lo que ha provocado la asfixia de sus líneas de crédito bancario y la imposibilidad de pagar sueldos a médicos nefrólogos, enfermeras especialistas y personal técnico. Los proveedores internacionales de filtros, heparina, catéteres vasculares y líquidos de diálisis exigen pagos inmediatos al contado, rehusándose a otorgar nuevos despachos sin garantías fiduciarias.
«La inmensa mayoría de nuestros pacientes son personas de escasos recursos económicos que no tienen cómo costear de su bolsillo una sesión privada de USD 140 tres veces a la semana», detalló la vocera, subrayando que la falta de pago amenaza con derivar en la suspensión forzada de turnos de diálisis en provincias como Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Los Ríos.
Exigencia de auditorías ágiles y cronogramas de pago
Desde que las patologías renales terminales fueron catalogadas como enfermedades catastróficas en la Constitución, el Estado ecuatoriano asumió la obligatoriedad jurídica de financiar íntegramente la cobertura clínica de los enfermos. No obstante, las partidas presupuestarias anuales asignadas por el Ministerio de Finanzas han resultado insuficientes para cubrir el crecimiento demográfico de la enfermedad.
La normativa promovida por la Organización Panamericana de la Salud determina que la continuidad del tratamiento renal es irremplazable, ya que la suspensión de una sola semana de hemodiálisis incrementa drásticamente el riesgo de muerte por edema pulmonar o paro cardíaco. Asimismo, las directrices del Ministerio de Salud Pública establecen protocolos estrictos que los centros deben cumplir para mantener sus acreditaciones sanitarias, aun cuando el propio fisco incumple con la transferencia de fondos aprobados.
El debate sobre la sostenibilidad de los servicios médicos esenciales y el destino de los fondos tributarios forma parte medular de los reportes sobre institucionalidad y gestión pública en el país. Organismos internacionales de derechos humanos citados por Reuters recuerdan que el derecho a la salud no puede quedar supeditado a demoras burocráticas, instando al Gobierno de Ecuador a establecer de inmediato una mesa técnica de pagos que garantice la vida de los más de 20.000 pacientes renales catastróficos.
El drama humano que se vive en las salas de hemodiálisis de todo el país es desgarrador. Decenas de pacientes, acompañados de sus familiares, protagonizan plantones y jornadas de vigilia frente a las gobernaciones provinciales y ministerios para rogar por la continuidad de sus vidas. Muchos de ellos han tenido que reducir sus tratamientos a dos sesiones semanales por la escasez de insumos, experimentando fatiga extrema, acumulación de toxinas en la sangre e insuficiencia respiratoria severa.
Los directores médicos de las clínicas dializadoras explican que cada sesión de hemodiálisis requiere una compleja combinación de dializadores capilares, líneas arteriales y venosas, bicarbonato en polvo, ácido concentrado y heparina sódica para evitar la coagulación del torrente sanguíneo fuera del cuerpo. La importación de estos dispositivos biomédicos se efectúa bajo estrictas normas internacionales de bioseguridad, y los fabricantes extranjeros han congelado los envíos ante la acumulación de cartas de crédito impagas.
En ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Portoviejo y Machala, los directivos de los centros de salud privada han presentado recursos de protección constitucional con medidas cautelares para exigir que el Ministerio de Economía y Finanzas efectúe transferencias directas y no embargables a favor de los prestadores de salud renal. Los jueces constitucionales han emitido fallos favorables a los enfermos, ordenando al Estado desembolsar partidas de emergencia, pero las resoluciones judiciales han tropezado con la burocracia ministerial.
Expertos en salud pública recalcan que el costo de la prevención de la enfermedad renal crónica es infinitamente menor que el tratamiento sustitutivo en estadios avanzados. Sin embargo, la falta de políticas de pesquisa temprana de diabetes e hipertensión arterial en la atención primaria ha provocado que miles de ecuatorianos debuten en las salas de emergencia directamente con falla renal terminal, saturando un sistema que carece de financiamiento sostenido y planes maestros de trasplante de órganos.
La crisis de las dializadoras pone al descubierto las debilidades estructurales de la seguridad social ecuatoriana y la necesidad de una reforma integral del código orgánico de la salud. De no concretarse un acuerdo de pago inmediato con desembolsos reales en los próximos días, el país se enfrentará a una tragedia humanitaria evitable que enlutará a miles de hogares humildes en todas las regiones del territorio nacional.
Representantes de fundaciones de pacientes renales hicieron un llamado urgente al presidente de la República para que lidere una reunión intersectorial extraordinaria entre las carteras de Finanzas, Salud y el IESS, garantizando que los recursos económicos sean transferidos directamente a las cuentas fiduciarias de los centros de hemodiálisis sin dilaciones burocráticas.
