La salud mental comunitaria como prioridad social
La salud mental comunitaria se ha consolidado como una prioridad ética, social y de salud pública en Ecuador. En un país marcado por desigualdad, violencia y pobreza, la salud mental comunitaria exige un enfoque integral. Este debe considerar no solo los síntomas individuales, sino también las condiciones sociales que afectan de manera directa la salud mental.
Según datos de la Política Nacional de Salud Mental 2024–2030 y el Ministerio de Salud Pública (MSP), Ecuador cuenta con aproximadamente 13.000 psicólogos. Sin embargo, solo dispone de 400 psiquiatras certificados. Esto representa una preocupante tasa de 0,24 psiquiatras por cada 10.000 habitantes. Dicha cifra está muy por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere al menos 1 por cada 10.000 habitantes. A esto se suma otro obstáculo. De los 1.129 establecimientos que ofrecen servicios relacionados con salud mental comunitaria, la mayoría pertenecen al sector privado, lo que restringe el acceso para la población más vulnerable.
Actores clave y participación intersectorial
Ante este panorama, la academia, la sociedad civil y los servicios de salud emergen como actores fundamentales. Su rol es aportar iniciativas concretas para garantizar el derecho a la salud mental comunitaria bajo principios de derechos humanos, intersectorialidad y participación social. Entidades públicas como la Secretaría General de la Vicepresidencia, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de Salud de Quito, junto a ONGs como Huertomanías y FEATPEM, colaboran activamente. Todas ellas se han unido a la UISEK para analizar esta problemática y plantear soluciones conjuntas desde el ámbito académico y comunitario.
Reflexiones académicas y propuestas concretas
En un reciente encuentro académico, realizado el 15 de julio en la Universidad Internacional SEK, expertos discutieron sobre las políticas públicas de salud mental comunitaria, experiencias locales y los aportes desde la academia. Durante el evento, Carla Arellano, Secretaria General de la Vicepresidencia, enfatizó que la salud mental comunitaria debe abordarse desde un enfoque preventivo. Según ella, es esencial priorizar la detección temprana, la educación emocional y el bienestar integral desde las primeras etapas de la vida.
Arellano subrayó que Ecuador ya cuenta con una política nacional que representa un avance relevante. No obstante, insistió en que su implementación requiere compromiso institucional y social. También recalcó la necesidad de aumentar la presencia de profesionales capacitados para garantizar una atención oportuna, cercana y de calidad.
Desafíos para consolidar este modelo
El modelo de salud mental comunitaria ofrece una nueva forma de comprender el sufrimiento psicosocial. Promueve el bienestar desde los territorios, fomenta la participación activa de la comunidad y prioriza la prevención, la inclusión y los derechos humanos. Su enfoque rechaza la medicalización excesiva y se articula con redes de apoyo y saberes locales.
No obstante, su implementación sigue siendo limitada en Ecuador. Uno de los principales desafíos es la escasez de profesionales formados en este enfoque, como reconocen tanto el Ministerio de Salud como diversas instituciones académicas. En este sentido, Gabriela Llanos, docente investigadora de la UISEK, ha señalado que la formación en salud mental comunitaria ofrece más que herramientas técnicas. También cultiva una mirada crítica ante las estructuras que perpetúan desigualdad y sufrimiento.
Un compromiso impostergable
En definitiva, la salud mental comunitaria representa una apuesta necesaria para construir sociedades más justas, empáticas y resilientes. Fortalecer este modelo es crucial, no solo para superar las carencias del sistema actual. También lo es para garantizar el derecho de todas las personas a una vida digna, emocionalmente saludable y con acceso a apoyo dentro de su entorno inmediato.
Fuente: UISEK
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