La salud mental comunitaria se ha convertido en una prioridad ética, social y de salud pública en el Ecuador. Frente a contextos marcados por desigualdad, violencia, pobreza y exclusión, se requiere un enfoque que no solo trate síntomas individuales, sino que también tome en cuenta las condiciones sociales que afectan la salud mental.
Según la Política Nacional de Salud Mental 2024–2030 y el Ministerio de Salud Pública (MSP), Ecuador tiene cerca de 13.000 psicólogos. Sin embargo, solo cuenta con 400 psiquiatras certificados. Esto representa una tasa de 0,24 psiquiatras por cada 10.000 habitantes. La cifra está muy por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece 1 por cada 10.000 personas. Además, de los 1.129 establecimientos con servicios de salud mental, la mayoría son privados, lo que limita el acceso para la población más vulnerable.
En respuesta a esta realidad, el 5 de enero de 2024 entró en vigor la Ley Orgánica de Salud Mental de Ecuador. Su objetivo es establecer un marco legal que garantice el derecho a la salud mental, desde un enfoque de derechos humanos, intersectorialidad y participación comunitaria.
Este modelo de atención propone una forma distinta de comprender y tratar el sufrimiento psicosocial. Promueve el bienestar desde el territorio y fomenta la participación activa de la comunidad en la identificación de sus propias necesidades. Además, prioriza la prevención, la inclusión y el respeto por los derechos humanos. Este enfoque propone una atención cercana, contextualizada y no medicalizada que se articula con redes de apoyo y saberes locales.
La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que los modelos comunitarios son clave para superar las barreras de acceso, reducir el estigma y lograr una atención más humanizada. No obstante, en Ecuador todavía se aplica de manera limitada. El Ministerio de Salud, junto con diversas instituciones académicas y sociales, identifica la escasez de profesionales con formación específica en este enfoque como uno de los principales desafíos.
En este contexto, la Docente Investigadora de UISEK Gabriela Llanos, establece que, “la formación en salud mental comunitaria no solo entrega herramientas técnicas, sino que cultiva una mirada crítica frente a las estructuras que generan desigualdad y sufrimiento psicosocial”.
Es así que, la salud mental comunitaria representa hoy una apuesta necesaria para construir sociedades más justas, empáticas y resilientes. Impulsar este enfoque es clave no solo para responder a las carencias del sistema actual, sino también para garantizar el derecho de todas las personas a una vida digna, emocionalmente saludable y con acceso a tener apoyo en su propio entorno.
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