Durante la última década, la relación entre los salarios en Ecuador frente a la inflación se ha vuelto cada vez más desequilibrada. A pesar de que el Salario Básico Unificado (SBU) ha aumentado de forma nominal —pasando de $354 en 2015 a $470 en 2025, lo que representa un incremento del 32,7%— el ingreso real de los trabajadores ha disminuido. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el poder adquisitivo se redujo notablemente debido a un aumento acumulado en el costo de vida del 12,69%.
El poder adquisitivo se erosiona a pesar de salarios mayores
El fenómeno es especialmente evidente entre los trabajadores formales. Mientras que en 2015 un trabajador adecuado percibía en promedio $790,15, en 2025 su ingreso descendió a $764,15, lo que implica una baja nominal del 3,29%. Este deterioro es más pronunciado si se ajusta a la inflación. En términos reales, la pérdida asciende a más de $86 mensuales, cifra que se traduce en un salario completo menos al año. Esta tendencia confirma que el incremento en los salarios en Ecuador frente a la inflación ha sido insuficiente para mantener el poder de compra.
Impacto diario en los hogares ecuatorianos
La pérdida de poder adquisitivo tiene consecuencias tangibles. Menor capacidad para cubrir servicios básicos, como electricidad y agua, menos recursos para transporte o alimentación, y una creciente incertidumbre en la economía doméstica. El impacto no distingue entre empleo formal o precario: todos los trabajadores sienten cómo su salario rinde menos mes a mes.
La situación de los subempleados: aún más crítica
Los trabajadores subempleados han enfrentado una realidad aún más severa. Sus ingresos mensuales cayeron de $219,20 en 2015 a $214,85 en 2025. Aunque la reducción parece menor —solo un 2%—, es significativa si se considera que ocurre en paralelo con el incremento de precios de bienes esenciales. Es decir, ganan menos y gastan más, una doble carga que acentúa la precariedad.
Inflación silenciosa: pérdida sin recorte nominal
Incluso cuando un trabajador mantiene su salario nominal, la inflación reduce su capacidad real de consumo. Por ejemplo, alguien que gana $600 desde julio de 2023 ve cómo ese monto, ajustado a la inflación del 2,68% registrada hasta julio de 2025, equivale en realidad a solo $584,34. Esa pérdida de $15,66 mensuales se traduce en más de $180 al año, suficiente para cubrir necesidades como medicamentos, mensualidades educativas o alimentación básica.
¿Qué bienes aumentaron más de precio?
Al observar la evolución de los precios en el país, se destacan aumentos considerables:
- Canasta básica: de $671 en 2015 a $812,65 en 2025 → +21,11%
- Servicios básicos: más del 30% de incremento en hogares de clase media
- Vivienda: el precio del metro cuadrado subió de $950 a $1.200 → +26,3%
Este desfase entre los salarios en Ecuador frente a la inflación representa una de las causas fundamentales del malestar económico que se vive a diario.
¿Por qué no suben más los salarios?
Aunque los ecuatorianos demandan mejoras salariales, existen obstáculos estructurales:
- Productividad estancada: La productividad laboral cayó a un ritmo del -0,3% anual en la última década, lo que impide repartir mayores ingresos.
- Economía poco diversificada: El país depende de sectores primarios con márgenes bajos y alta exposición externa.
- Informalidad laboral: Con más del 60% de la población económicamente activa en la informalidad, se limita la posibilidad de mejoras salariales sostenidas.
- Gasto estatal excesivo: El Estado representa el 37% del PIB, pero su baja eficiencia no genera beneficios proporcionales para la población.
- Rigidez legal y burocrática: Normativas laborales y trámites engorrosos inhiben la inversión y reducen la creación de empleos formales y bien remunerados.
El desafío de vivir con menos
En definitiva, el incremento de los salarios en Ecuador frente a la inflación es, en muchos casos, solo un espejismo. Mientras los ingresos nominales suben lentamente o se estancan, los precios de bienes y servicios básicos avanzan a mayor velocidad. Esto no solo reduce la capacidad de consumo inmediato, sino que debilita el ahorro, aumenta la vulnerabilidad financiera de las familias y limita las oportunidades de progreso económico sostenible.
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