El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 199, con el cual se declara la excepcionalidad para financiar los egresos permanentes en los sectores de salud, educación y justicia con ingresos no permanentes. La medida permitirá al Estado utilizar fondos provenientes de deuda, venta de activos o recursos petroleros. Estos fondos cubrirán los salarios de médicos, docentes, jueces y fiscales durante el 2026.
Una decisión para enfrentar la brecha fiscal
La medida surge en un contexto de ajuste financiero y restricciones presupuestarias. Según el informe del Ministerio de Finanzas, existe una “brecha estructural presupuestaria”. Esto ocurre porque el crecimiento de los ingresos permanentes es menor que las necesidades de gasto del Estado.
El decreto, por tanto, responde a la urgencia de asegurar el pago de nóminas en sectores prioritarios, sin interrumpir la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.
El presidente Noboa invocó el artículo 286 de la Constitución. Este artículo establece que los egresos permanentes de salud, educación y justicia podrán ser financiados de manera excepcional con ingresos no permanentes, cuando la situación fiscal así lo exija.
Impacto en el Presupuesto General del Estado 2026
La decisión llega justo antes del plazo límite del 31 de octubre para la entrega de la proforma presupuestaria del año 2026 a la Asamblea Nacional.
De acuerdo con el decreto, los recursos del petróleo, créditos internacionales y venta de activos públicos serán las principales fuentes para cubrir los egresos de personal en áreas estratégicas.
El Presupuesto General del Estado para 2026 ya no incluirá los USD 330 millones del aporte temporal de las empresas para seguridad, recaudado durante 2025. Esto aumenta la presión sobre las finanzas públicas. Especialmente considerando que las proyecciones internacionales prevén una baja en el precio del crudo, principal fuente de ingresos del país.
Un respaldo constitucional ante la crisis de ingresos
El Decreto Ejecutivo 199 se enmarca en el principio de sostenibilidad fiscal, pero también busca garantizar el cumplimiento de derechos constitucionales como el acceso a la salud y la educación.
El texto oficial subraya que la inflexibilidad del gasto público y las obligaciones legales del Estado hacen “necesaria la declaratoria de una situación excepcional dentro de la regla fiscal”. Esto permite a Noboa disponer de herramientas adicionales para financiar los egresos permanentes.
Aunque esta medida podría ofrecer alivio temporal, expertos advierten sobre la dependencia del endeudamiento y la necesidad de generar ingresos estructurales. Así se evitará repetir este tipo de decisiones en el futuro.
Una medida excepcional en tiempos de ajuste
Con esta declaratoria, el gobierno de Daniel Noboa prioriza la continuidad de los servicios públicos esenciales, asegurando los salarios de médicos, docentes y funcionarios judiciales. Sin embargo, la utilización de ingresos no permanentes —como los provenientes del petróleo y la deuda— plantea desafíos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
La situación económica del Ecuador en 2026 dependerá, en gran parte, de la estabilidad del mercado internacional del crudo. También de la capacidad del Ejecutivo para equilibrar las cuentas públicas sin comprometer la inversión social.
Fuente: Primicias.ec
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