A las puertas del proceso electoral de 2027, el Consejo Nacional Electoral enfrenta cuestionamientos por mantener a sus vocales en funciones prorrogadas y por la falta de renovación institucional. Para Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, aunque el organismo esté legalmente habilitado, la dimensión ética y la credibilidad ciudadana obligan a una reestructuración interna.
El CNE prevé declarar el periodo electoral entre la primera y segunda semana de febrero de 2026, con el objetivo de organizar las elecciones seccionales y la designación de siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el periodo 2027-2031.
La prórroga del CNE y su legitimidad
Ruth Hidalgo sostiene que la prórroga del CNE responde a la falta de acción del Cpccs en el concurso para designar nuevos consejeros. Mientras ese proceso no concluya, las actuales autoridades están facultadas para continuar en funciones y organizar los comicios.
Sin embargo, advierte que la prolongación del mandato sin cambios internos deteriora la percepción pública y profundiza la desconfianza hacia el sistema electoral.
¿Renuncias o continuidad?
La posibilidad de que los consejeros renuncien para que asuman los suplentes no es, a criterio de Hidalgo, una solución viable. Los suplentes no han participado activamente en la gestión electoral ni cuentan con la experiencia acumulada necesaria para organizar elecciones locales complejas.
Incorporar nuevas autoridades a menos de un año de los comicios podría generar una crisis operativa y afectar la organización del proceso electoral.
Ruth Hidalgo plantea la reestructuración interna como salida ética
Ante la imposibilidad de una renovación inmediata, Ruth Hidalgo plantea un reacomodo interno del CNE. Considera saludable que se elijan nuevas autoridades dentro del propio organismo, lo que permitiría refrescar liderazgos y enviar una señal política de voluntad de cambio.
Un ajuste en la dirección actual, encabezada por Diana Atamaint, podría contribuir a recuperar parte de la credibilidad institucional y ofrecer mayor tranquilidad a la ciudadanía de cara a las elecciones de 2027.
Crisis institucional y desconfianza ciudadana
La baja credibilidad no se limita al CNE. Instituciones como el Cpccs, la Judicatura y el Ejecutivo atraviesan una crisis de legitimidad. Según Hidalgo, este fenómeno no es exclusivo de Ecuador, sino parte de una tendencia global que afecta a las autoridades electorales.
En el contexto nacional, la inseguridad y la percepción de cooptación política agravan el deterioro de la confianza ciudadana.
El Cpccs y el concurso para Fiscal
Ruth Hidalgo cuestiona el diseño institucional del Cpccs, al que señala como un espacio susceptible de cooptación política. Esta situación se refleja en el concurso para Fiscal General del Estado, cuya Comisión Ciudadana ha sido conformada con perfiles que no cumplen criterios técnicos adecuados.
En particular, se cuestiona el caso de Cynthia Jacho, quien obtuvo 17 sobre 50 puntos en méritos y preside la Comisión, cuando, según Hidalgo, debió ser descalificada.
Riesgos para el proceso electoral de 2027 según Ruth Hidalgo
El próximo proceso electoral presenta desafíos importantes, entre ellos el control de la propaganda anticipada, el uso indebido de recursos públicos y la fiscalización del financiamiento de campañas, especialmente en redes sociales.
Hidalgo advierte que el CNE debe fortalecer sus capacidades técnicas para evitar que el crimen organizado influya en el financiamiento político y garantizar condiciones de equidad electoral.
El rol de la sociedad civil y la prensa
Las organizaciones de la sociedad civil enfrentan limitaciones económicas que dificultan la realización de veedurías ciudadanas como en años anteriores. Ante este escenario, la vigilancia democrática se sostiene a través del periodismo, la academia y los espacios de opinión pública.
Para Ruth Hidalgo, estos actores siguen siendo fundamentales como guardianes de la democracia y del fortalecimiento institucional.
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