El movimiento Revolución Ciudadana rechazó la decisión del Tribunal Contencioso Electoral que ordena su suspensión provisional por nueve meses. Dirigentes y legisladores del grupo político cuestionaron la medida y anunciaron que presentarán una apelación.
La resolución fue emitida el 6 de marzo de 2026 por el juez Joaquín Viteri. El magistrado dispuso retirar temporalmente a Revolución Ciudadana del registro permanente de organizaciones políticas. Este registro es administrado por el Consejo Nacional Electoral.
La medida se aplicará mientras avanza un proceso relacionado con una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón. La investigación está vinculada con el denominado caso Caja Chica.
Según el proceso, se analiza un presunto caso de lavado de activos que podría involucrar a personas relacionadas con Revolución Ciudadana. Durante este periodo, el tribunal revisará los elementos presentados dentro del expediente.
Reacciones dentro de Revolución Ciudadana
La decisión del tribunal provocó una rápida reacción entre dirigentes de Revolución Ciudadana. Varios representantes del movimiento señalaron que la suspensión afecta su participación política.
El asambleísta Juan Andrés González afirmó que la organización ha participado en las audiencias y ha presentado los descargos solicitados por las autoridades. Según dijo, el movimiento continuará defendiendo su derecho a participar en la vida política del país.
González también señaló que Revolución Ciudadana revisará las acciones legales disponibles. El objetivo es intentar revertir la suspensión dictada por el Tribunal Contencioso Electoral.
Revolución Ciudadana anuncia acciones legales
Los representantes del movimiento indicaron que recurrirán a los mecanismos legales previstos en la normativa electoral. Con estas acciones buscan que el caso sea revisado por las instancias correspondientes.
Dirigentes del movimiento sostienen que la suspensión genera preocupación dentro de sus bases políticas. También consideran que la decisión podría influir en la participación de la organización en el escenario político nacional.
Mientras tanto, Revolución Ciudadana aseguró que continuará compareciendo ante las autoridades judiciales y electorales. El movimiento afirma que seguirá utilizando las vías institucionales para defender su posición.
Impacto político de la suspensión de RC
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, también reaccionó tras conocerse la resolución. En un mensaje público advirtió que la medida podría tener efectos en el debate político del país.
Según el pronunciamiento difundido, decisiones de este tipo no solo afectan a una organización política. También pueden impactar en el derecho de los ciudadanos a elegir entre distintas propuestas electorales.
El asambleísta Vicente Báez expresó una preocupación similar. Señaló que cualquier medida contra una organización política debe aplicarse con respeto al debido proceso y a las garantías legales.
Báez indicó que la democracia se fortalece cuando existen reglas claras y transparencia institucional. En ese contexto, consideró importante que el caso sea analizado con cuidado legal.
Por ahora, Revolución Ciudadana mantiene su postura de rechazar la suspensión. El movimiento también confirmó que presentará recursos legales mientras avanza el proceso en el tribunal electoral.
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