El juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, entra en una fase decisiva en la Asamblea Nacional. Una mayoría legislativa ya anticipa su voto por la censura y destitución. Además, Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Pachakutik coinciden en que existen elementos suficientes para establecer una responsabilidad política por presuntas vulneraciones a la independencia judicial.
El proceso se desarrolla en un contexto de alta tensión política. Hay cuestionamientos al manejo del procedimiento y denuncias de presiones a jueces. Mientras tanto, el oficialismo de Acción Democrática Nacional sostiene una postura de respaldo al funcionario.
Revolución Ciudadana consolida apoyo para la censura
La bancada de Revolución Ciudadana ha ratificado su respaldo total al juicio político que impulsa junto a otros bloques de oposición. Además, la asambleísta Viviana Veloz aseguró que Mario Godoy ha perdido la confianza ciudadana y del sector jurídico. A su criterio, esto vuelve insostenible su permanencia al frente del Consejo de la Judicatura.
Desde el PSC, el legislador Alfredo Serrano afirmó que su bancada votará por la censura y destitución. De este modo, se suma a RC, un sector de Pachakutik y legisladores independientes. En la misma línea, Álex Toapanta, de Pachakutik, confirmó que su organización apoyará la salida de Godoy y cuestionó la presentación de una memoria flash como prueba. Esta contendría una sentencia presuntamente ya redactada.
Comparecencias incompletas y reclamos al procedimiento
La Comisión de Fiscalización llevó a cabo su segunda jornada de comparecencias el miércoles 4 de febrero. Estuvo marcada por reclamos entre legisladores y la ausencia de testigos considerados clave por los interpelantes. De los cuatro convocados, solo comparecieron la exvocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, y el abogado Ramiro García.
No acudieron el juez anticorrupción Carlos Serrano ni el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing. Ante esto, los proponentes del juicio político anunciaron que insistirán en su comparecencia antes del cierre de la fase probatoria. El cierre está previsto para el 10 de febrero. Además, Revolución Ciudadana solicitó que Serrano pueda intervenir de forma telemática por razones de seguridad.
Denuncias de presiones desde la Judicatura
Uno de los ejes del proceso es la presunta vulneración del artículo 168 de la Constitución, que garantiza la independencia judicial. Según los interpelantes, Mario Godoy habría permitido presiones contra el juez Carlos Serrano a través de Henry Gaibor. Gaibor es funcionario cercano a la Presidencia del Consejo de la Judicatura.
Estas presiones estarían vinculadas al caso por lavado de activos contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan. Este habría mantenido vínculos profesionales previos con el entorno familiar de Godoy. Serrano denunció los hechos ante la Fiscalía, difundió audios y expuso públicamente supuestas interferencias institucionales.
Testimonio de Solanda Goyes y presuntas irregularidades
Durante su comparecencia, Solanda Goyes señaló que en el sistema judicial ecuatoriano ingresan alrededor de 700.000 causas cada año. Además, recalcó que ningún funcionario de la Judicatura puede intervenir en decisiones jurisdiccionales. Detalló una serie de hechos ocurridos desde noviembre de 2024, cuando se inició el proceso contra Srdan.
Goyes mencionó la falta de sanción a jueces investigados en el denominado caso Fachada, lo que permitió que una magistrada se reincorporara al tribunal que conocía la causa. También indicó que Mario Godoy propuso la designación de Henry Gaibor y que este habría contactado al juez Serrano para influir en el tratamiento del caso. Además, señaló que la suspensión de un juez que votó por la condena dejó al tribunal incompleto. Esto impidió la emisión de la sentencia por escrito.
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