La ministra Inés Manzano firmó la revocatoria de licencia ambiental Loma Larga el pasado 3 de octubre, generando controversia en Cuenca. Sin embargo, expertos legales advierten que esta decisión constituye un fraude jurídico que beneficiará a la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM) mediante futuras indemnizaciones millonarias al Estado ecuatoriano.
Contexto: proyecto minero en zona de reserva de biosfera
El proyecto Loma Larga, ubicado en el macizo de El Cajas, amenaza las cuencas hidrográficas que abastecen de agua potable a Cuenca y alimentan la central hidroeléctrica de Paute. En junio de 2025, el gobierno de Daniel Noboa concedió la licencia ambiental a DPM, ignorando informes técnicos adversos y dos consultas populares donde el 80% de la población votó en contra.
La masiva marcha del 16 de septiembre, con 100 mil cuencanos movilizados pacíficamente, presionó al gobierno para anunciar la revocatoria de licencia ambiental Loma Larga. No obstante, el documento ministerial ni siquiera menciona esta manifestación histórica.
El error técnico: revocar en lugar de anular la licencia
El profesor Juan Pablo Aguilar, experto en Derecho Público de la Universidad San Francisco, explica la diferencia crucial. Cuando un acto administrativo es ilegal, la entidad emisora puede anularlo sin compensaciones. Por otra parte, cuando el acto es legal pero inconveniente, requiere revocatoria judicial y obliga al Estado a indemnizar.
En consecuencia, la licencia debió anularse, no revocarse. El estudio de impacto ambiental presentado por DPM contiene datos fraudulentos, según demostró el informe técnico de ETAPA que la propia ministra cita repetidamente. Por tanto, la licencia es inherentemente ilegal.
Fraude en el estudio de impacto ambiental
El documento de DPM presenta irregularidades graves que justificarían la anulación. Afirma que no existe relación entre aguas superficiales y subterráneas de Quimsacocha, contradiciendo toda la ciencia sobre ecosistemas de páramo.
Además, sostiene que los ríos locales tienen contaminación 80 veces superior a los niveles monitoreados por ETAPA durante cuatro décadas. Igualmente, omite mencionar 14 millones de toneladas de roca que serán procesadas con químicos tóxicos, ni calcula los 600 metros cúbicos de agua por hora que consumirá la operación minera.
Consecuencias económicas para Ecuador
Debido a que Manzano optó por la revocatoria de licencia ambiental Loma Larga en lugar de la anulación, Ecuador enfrentará demandas millonarias. La ministra carece de competencia legal para revocar licencias ambientales, atribución exclusiva de jueces contencioso administrativos.
Esta decisión irregular obligará al Estado ecuatoriano a indemnizar a DPM por daños, aunque la resolución ministerial pretende trasladar responsabilidades al alcalde de Cuenca y al prefecto del Azuay mediante más de 100 considerandos que ocupan 20 páginas.
Reacción ciudadana y perspectivas legales
La resolución presenta deficiencias formales evidentes, incluyendo faltas ortográficas y considerandos irrelevantes. Finalmente, los cuencanos consideran que la revocatoria de licencia ambiental Loma Larga representa un simulacro que no protege genuinamente sus recursos hídricos ni previene futuras acciones de la minera canadiense.
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