El posible nombramiento de Álvaro Rosero como ministro de Gobierno enfrenta un obstáculo significativo vinculado a la responsabilidad solidaria en el IESS. Este impedimento legal surgió después de que el Gobierno buscara reemplazar a Zaida Rovira, tras los resultados adversos en la consulta popular del 16 de noviembre. Aunque inicialmente se pensó que el caso estaba resuelto, nuevos documentos revelaron inconsistencias que reavivan el debate sobre la responsabilidad legal de los representantes.
Un impedimento que reaparece
En un inicio, informes preliminares señalaron que el Ministerio del Trabajo levantó el impedimento para que Rosero asumiera un cargo público. Esa interpretación generó la impresión de que la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social había sido cancelada. Sin embargo, no se detalló el motivo real del levantamiento, generando dudas que persisten.
Posteriormente, un documento del propio IESS expuso que la empresa Radio FM Efemedio Cia. Ltda., vinculada a Rosero, mantiene una deuda de 56.615,49 dólares. Este hallazgo reactivó la discusión pública porque la obligación sigue vigente, aunque ahora aparece registrada bajo la representación legal de su hermana, Clemencia Verónica Rosero León. Este cambio motivó cuestionamientos sobre si se intentó trasladar la carga legal para evitar los efectos de la responsabilidad solidaria en el IESS.
La figura legal que complica el caso
El artículo 75 de la Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es determinante. Esta norma establece que los patronos privados, sus mandatarios y representantes comparten obligaciones y responsabilidades. Por tanto, deben responder solidariamente por la afiliación, los aportes patronales, los personales y los fondos de reserva.
Además, el precepto indica que la responsabilidad no desaparece con el fin del mandato. Esta continuidad refuerza el análisis jurídico sobre si la deuda se originó mientras Rosero ejercía como representante legal. En este punto, la responsabilidad solidaria en el IESS se convierte en el eje central del debate público y jurídico.
El periodo de representación: un dato clave
Según un acta del 18 de abril del 2024, la junta de socios designó a Álvaro Rosero como gerente general por un periodo de tres años, con vigencia hasta 2027. La función incluye la representación legal de la empresa y, por ende, el cumplimiento de sus obligaciones. Debido a ese detalle, resulta crucial determinar si la deuda se generó durante su gestión, ya que eso definiría la aplicación de la responsabilidad solidaria en el IESS.
Este punto aún no ha sido aclarado por las autoridades. No obstante, la información conocida incrementa la presión política alrededor del nombramiento. Además, muestra cómo la normativa del IESS puede impactar directamente en decisiones gubernamentales, sobre todo cuando existe una deuda pendiente.
Un debate que crece en medio de tensiones políticas
El caso surge en un momento crítico para el Gobierno, tras una derrota electoral que ha alterado el mapa político. La designación de nuevos ministros ha generado discusiones intensas, especialmente porque varias decisiones parecen responder a urgencias más políticas que administrativas. La controversia por la responsabilidad solidaria en el IESS añade complejidad a un escenario ya tensionado.
Por ahora, se espera un pronunciamiento claro de las autoridades. La ciudadanía sigue atenta porque el desenlace podría modificar la conformación del gabinete y evidenciar vacíos o fallos en los procedimientos de control estatal.
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