La crisis social en Ecuador alcanzó un punto crítico este domingo, 28 de septiembre de 2025. Esto ocurrió tras confirmarse la muerte de un manifestante indígena en medio de una represión policial en la provincia de Imbabura. El comunero Efraín Fueres falleció en un hospital luego de recibir un impacto de bala durante las protestas. Dichas protestas ya cumplen siete días en distintas regiones del país.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció el hecho. Lo consideraron un uso letal e ilegítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Solicitaron una investigación inmediata y sanciones a los responsables.
Denuncias de represión en comunidades indígenas
Las organizaciones sociales, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), señalaron que la represión policialse intensificó durante la noche. Asimismo, continuó en la madrugada en comunidades como Ilumán y Cotacachi. Testimonios denuncian el uso de bombas lacrimógenas y munición real por parte de convoyes policiales y militares.
Inredh también informó sobre otra persona en estado grave como consecuencia directa de los enfrentamientos. Esto refuerza la preocupación sobre la magnitud de la violencia estatal desplegada.
Reacciones de organismos internacionales
La gravedad del caso provocó una rápida respuesta de organismos internacionales. Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, expresó su profunda preocupación. Acusó al Gobierno ecuatoriano de iniciar una “persecución contra la sociedad civil”.
Romero condenó el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias de manifestantes. También criticó el congelamiento de cuentas bancarias de dirigentes indígenas. Lo calificó como un acto de hostigamiento contrario a estándares internacionales de derechos humanos.
El Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas también emitió un pronunciamiento. Instaron al presidente Daniel Noboa a garantizar la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica. Asimismo, pidieron el debido proceso de los detenidos, que según cifras oficiales superan el centenar.
Postura del Gobierno de Daniel Noboa
A pesar de la presión internacional, el presidente Noboa mantuvo una postura inflexible. En una entrevista con Ecuavisa, afirmó que “la Policía y el Ejército se encargarán de retomar el orden”. Aseguró que la protesta dejó de ser meramente social.
El mandatario sostuvo que informes de inteligencia relacionan a los manifestantes con la minería ilegal, el crimen organizado. Incluso mencionó la presencia del grupo criminal transnacional “Tren de Aragua”. Estas afirmaciones han sido cuestionadas por organizaciones sociales. Consideran que son un intento de deslegitimar la movilización indígena.
Impacto económico del conflicto
La crisis ante Represión policial también afecta gravemente al sector productivo. La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores (Expoflores) reportó pérdidas. Estas ascienden a cerca de un millón de dólares diarios. Esto ocurre debido a bloqueos de vías y ataques en fincas de Imbabura.
El paro nacional, convocado por la Conaie, mantiene paralizadas amplias zonas del país. Amenaza con prolongarse si no se llega a un acuerdo entre las partes.
Movilización indígena y demandas sociales ante Represión policial
La Conaie reiteró su decisión de continuar con la medida de hecho mientras el Gobierno no derogue el decreto 126. Este decreto eliminó el subsidio al diésel. Consideran esta medida económica como el detonante central del conflicto. Ha generado un fuerte rechazo en sectores indígenas y campesinos. La ven como una amenaza directa a su sustento y a la economía rural.
Con la muerte de Efraín Fueres, la protesta adquiere un carácter más crítico. Esto genera un mayor escrutinio internacional y aumenta la presión sobre el Gobierno de Daniel Noboa. El desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad de diálogo y de la voluntad política. Es necesario encontrar una salida pacífica al conflicto.
Fuente: teleSUR
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