Las reformas a privados de la libertad impulsadas por la bancada oficialista ADN intensificaron el distanciamiento con el correísmo en la Asamblea Nacional. Mientras el Gobierno busca retirar a los presos de los grupos de atención prioritaria, RC rechaza la propuesta y anticipa un escenario legislativo complejo, incluso si la Corte Constitucional avala la vía de reforma.
Un debate legislativo que amplía la fractura política
Las reformas a privados de la libertad se convirtieron en un nuevo punto de fricción entre el oficialismo y el correísmo. La bancada de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN) aprobó, el 16 de diciembre, una resolución para exhortar a las fuerzas políticas a respaldar cambios que, según sostienen, son necesarios para enfrentar la inseguridad y fortalecer el sistema judicial.
Sin embargo, la iniciativa no logró consenso. La Revolución Ciudadana votó en contra, al igual que el Partido Social Cristiano y parte del movimiento Pachakutik. Este escenario evidencia, además, la dificultad del oficialismo para construir mayorías estables dentro del Legislativo.
¿Qué plantean las reformas a privados de la libertad?
El objetivo central de las reformas a privados de la libertad es retirar a las personas encarceladas del grupo de atención prioritaria. Actualmente, esta categoría incluye a sectores vulnerables como adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y víctimas de violencia o enfermedades catastróficas.
Según los asambleístas de ADN, algunos reclusos han utilizado esta condición para obtener beneficios que, a su criterio, distorsionan el sistema penitenciario. Entre ellos constan traslados, suspensión de sanciones disciplinarias y modificaciones en los regímenes de cumplimiento de penas, incluidas salidas anticipadas.
Argumentos del oficialismo y críticas al correísmo
La proponente de la enmienda, Lucía Pozo, sostiene que estas prácticas se han amparado en recursos constitucionales como el habeas corpus correctivo. Además, señala un aumento significativo en las solicitudes de medidas cautelares y garantías jurisdiccionales en los últimos años, con un pico registrado en 2023.
Desde ADN, el discurso se endureció. El movimiento acusó al correísmo de respaldar a estructuras criminales, señalando que, en un contexto de violencia e impunidad, su postura representa una definición política clara.
El filtro constitucional y un escenario cuesta arriba
Antes de avanzar en la Asamblea, las reformas a privados de la libertad deben superar el análisis de la Corte Constitucional. Si la vía es avalada, el oficialismo necesitará 101 votos para aprobar la reforma, pero actualmente solo cuenta con 78, lo que hace indispensable el respaldo del correísmo, algo que hoy parece lejano.
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