El presidente Daniel Noboa ha presentado ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno. Esta es parte de sus reformas penales de Noboa, una medida urgente en materia económica. No obstante, su contenido tiene un alcance profundamente penal y de seguridad. Está orientado a enfrentar de forma más agresiva el crimen organizado en el país. La iniciativa propone un régimen jurídico especial con medidas excepcionales. Estas buscan desarticular las estructuras criminales vinculadas al conflicto armado interno que vive Ecuador desde enero de 2024.
Contexto del conflicto armado interno
Desde el 9 de enero de 2024, el país se encuentra oficialmente bajo un conflicto armado interno. Esto es debido a más de veinte bandas criminales que han sido catalogadas como terroristas. Esta declaratoria ha permitido al Ejecutivo implementar varios estados de excepción. No obstante, estos han sido objetados por la Corte Constitucional debido a su carácter excepcional y temporal. Como respuesta, Noboa plantea con sus reformas penales de Noboa establecer un régimen permanente para enfrentar esta amenaza, sin recurrir a decretos emergentes.
Nuevos delitos y penas severas
Una de las reformas penales de Noboa clave en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es la introducción de un nuevo delito: pertenencia a grupos armados organizados. Esta figura penal contempla penas de 22 a 26 años de prisión para quienes participen directa o indirectamente en dichas agrupaciones, y de hasta 30 años para sus líderes.
Lo preocupante para organizaciones de derechos humanos es la ambigüedad en los criterios que se utilizarán para determinar esta pertenencia. La experiencia en El Salvador, bajo el modelo de Bukele, ha mostrado que indicios como tatuajes, publicaciones en redes sociales o relaciones familiares han sido suficientes para encarcelar a personas.
Allanamientos y detenciones sin orden judicial
Otro cambio significativo es la legalización de allanamientos y detenciones sin orden judicial en el marco del conflicto armado. Se permitirá a las fuerzas de seguridad irrumpir en domicilios sin autorización previa y detener a sospechosos por hasta 24 horas. Esto sin necesidad de una orden emitida por un juez. Posteriormente, los detenidos deberán ser entregados a la Fiscalía.
Estas acciones estarán supervisadas por jueces especializados en conflicto armado interno. Esta es otra novedad de las reformas penales de Noboa, inspirada también en el sistema aplicado por Bukele en El Salvador.
La prisión preventiva ya no será medida de última instancia
Tradicionalmente, la prisión preventiva se considera una medida cautelar de última ratio. Es decir, solo aplicable cuando otras alternativas no son suficientes. No obstante, Noboa propone convertirla en la norma durante el conflicto armado. Esto elimina la posibilidad de sustituirla por otras medidas, como grilletes electrónicos o presentación periódica ante un juez.
Este enfoque coincide con las medidas adoptadas por El Salvador en 2022. Allí, se eliminó la posibilidad de libertad bajo fianza para miembros de pandillas y se extendió el arresto preventivo sin límite temporal.
Justicia excepcional para situaciones excepcionales
La reforma propone también un procedimiento judicial excepcional y expedito. Todos los procesos judiciales relacionados con el conflicto armado deberán resolverse en una sola audiencia. Los jueces especializados tendrán un plazo máximo de 15 días para convocar el juicio después de la detención, sin posibilidad de diferimiento. Si un fiscal decide no acusar, deberá justificar su decisión en audiencia dentro de tres días y elevar el caso a su superior.
Aunque Ecuador aún no plantea audiencias masivas como en El Salvador, allí se han procesado hasta 500 acusados simultáneamente. Sin embargo, el diseño refleja la influencia directa del modelo salvadoreño de justicia rápida y concentrada.
Un giro hacia un modelo de seguridad punitivo
Las reformas impulsadas por Noboa muestran una clara adopción del modelo de seguridad punitivo. Este ha sido implementado por Nayib Bukele en El Salvador desde 2022, caracterizado por:
- Altas penas de cárcel para miembros de pandillas o bandas.
- Reducción de garantías procesales.
- Detenciones preventivas sin supervisión judicial inicial.
- Procedimientos judiciales acelerados y sin derecho a diferimiento.
Si bien estas medidas han reducido los índices de violencia en El Salvador, también han generado críticas por posibles abusos y detenciones arbitrarias. Además, preocupan las violaciones de derechos humanos. Ecuador enfrenta ahora el reto de equilibrar seguridad y legalidad para evitar caer en excesos que comprometan el Estado de Derecho.
Las reformas penales propuestas por el presidente Daniel Noboa representan un cambio radical en el tratamiento del crimen organizado en Ecuador. Inspiradas en el modelo salvadoreño de Bukele, apuntan a dar herramientas más agresivas al Estado para combatir el terrorismo interno. Sin embargo, el país deberá afrontar el desafío de implementar estas medidas respetando los principios fundamentales del debido proceso y los derechos humanos.
Fuente:
Primicias.ec
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