Las reformas carcelarias aprobadas por la Asamblea Nacional buscan transformar de manera integral el sistema penitenciario ecuatoriano, con medidas que apuntan a mejorar la seguridad, reducir la violencia y fortalecer la rehabilitación social de las personas privadas de libertad.
Reformas carcelarias y control del sistema penitenciario
El nuevo marco legal aprobado plantea que el Estado retome el control efectivo de las cárceles mediante cambios estructurales en la gestión, vigilancia y organización interna. Entre los objetivos principales está reducir el poder de las organizaciones criminales dentro de los centros penitenciarios y prevenir hechos violentos mediante estrategias anticipadas.
Uno de los puntos clave es la implementación de un subsistema de inteligencia penitenciaria, que permitirá detectar riesgos, anticiparse a posibles delitos y coordinar información con organismos de seguridad del Estado.
Clasificación de presos según nivel de riesgo
La normativa introduce una nueva clasificación tanto de los centros penitenciarios como de los internos. Las cárceles se dividirán en máxima, mediana y mínima seguridad, mientras que los privados de libertad serán catalogados como de alto, medio o bajo riesgo.
Esta medida permitirá una mejor distribución de los reos según su peligrosidad, evitando que internos de alta peligrosidad compartan espacios con otros de menor riesgo, lo que ha sido un factor determinante en la violencia carcelaria.
Reformas carcelarias y régimen especial para internos peligrosos
Dentro de las reformas carcelarias se establece un régimen especial para los presos considerados de alto riesgo, especialmente aquellos con vínculos con organizaciones criminales nacionales o transnacionales.
Este régimen contempla controles más estrictos, así como la posibilidad de aplicar el uso progresivo de la fuerza en situaciones que comprometan la seguridad del centro. No obstante, se aclara que estas acciones deberán estar justificadas y sujetas a supervisión legal y administrativa.
Trabajo obligatorio como eje de rehabilitación
Otro de los cambios relevantes es la incorporación del trabajo interno como parte del proceso de rehabilitación social. En un plazo máximo de 36 meses, el sistema penitenciario deberá implementar políticas que permitan a los internos desarrollar actividades laborales y productivas.
Esta iniciativa busca no solo contribuir a la sostenibilidad del sistema, sino también fomentar la reinserción social mediante el desarrollo de habilidades y responsabilidades.
Reformas carcelarias y fortalecimiento del personal penitenciario
La ley también introduce cambios en la estructura del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, que pasa a ser considerado un ente de seguridad complementaria, con carácter civil pero armado, disciplinado y especializado.
Además, se establece una clasificación de faltas para los funcionarios penitenciarios en leves, graves y muy graves, con sanciones más claras para conductas como el ingreso de objetos ilícitos o la difusión no autorizada de información.
Incorporación de policías retirados al sistema
Para enfrentar el déficit de personal, la reforma contempla la incorporación temporal de policías y militares en servicio pasivo al sistema penitenciario. Esta medida busca reforzar la seguridad en las cárceles sin afectar sus pensiones, eliminando restricciones económicas previas.
Con esta decisión, se espera mejorar la capacidad operativa del sistema, que actualmente enfrenta una alta demanda debido al aumento de la población carcelaria.
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