Con 129 votos a favor, el pleno de la Asamblea aprobó las reformas a la ley de extinción de dominio, con el objetivo de recuperar unos USD 110 millones para el Estado, derivados de actividades ilícitas. La aprobación de estas reformas se espera que desbloquee los mencionados USD 110 millones, actualmente en disputa por actividades ilícitas, para su ingreso al Estado. La cuarta ley económica urgente, presentada por el presidente Daniel Noboa, fue tratada y modificada en la Comisión de Régimen Económico y fue aprobada el 8 de febrero de manera unánime por los 129 asambleístas presentes en la sesión. Incluso el Partido Social Cristiano (PSC), que había cuestionado el informe de primer debate, se unió al apoyo una vez que se acogieron sus recomendaciones. Uno de los puntos de interés del PSC era que la extinción de dominio opere previo a la sentencia de un juez competente, con excepción de tres casos puntuales.
Según el asambleísta socialcristiano Otto Vera, en la propuesta aprobada no se incluyó el tema de la carga de la prueba, que debería recaer como responsabilidad del denunciante y no del denunciado. Sin embargo, a partir de ese punto, el proceso y el informe de la comisión fueron respaldados para que los bienes ilícitos puedan ser monetizados por el Estado y destinados a planes sociales y de seguridad. La asambleísta oficialista y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, estimó en USD 170 millones la cantidad que podría recuperarse con la normativa, basada en un informe de las Naciones Unidas que indica que las actividades criminales generan recursos equivalentes al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), estimando que en el país esto llegaría a USD 1.700 millones.
Farinango también resaltó otras acciones permitidas por la normativa, como el uso de maquinaria incautada en minería ilegal para mantenimiento vial y obras públicas, así como el empleo de armas incautadas por las Fuerzas Armadas y la Policía en caso de necesidad y cumplimiento de requisitos técnicos. Además, se establece la creación de una Unidad Especializada Antilavado en contratación pública, con la posibilidad de que el Sercop suspenda procesos de contratación al detectar vinculaciones o colusión. La ley también hace hincapié en la reducción de los tiempos de procesamiento del delito de lavado de activos en varias instancias, agilizando las investigaciones y notificaciones. El Legislativo también decidió sobre la necesidad de una sentencia ejecutoriada para aplicar la extinción de dominio, estableciendo tres excepciones específicas.
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