El presidente Daniel Noboa ha planteado una nueva consulta popular con el fin de modificar el artículo 5 de la Constitución del Ecuador. Esta propuesta tiene como objetivo permitir nuevamente la presencia de bases militares extranjeras en territorio nacional, y se enmarca en su estrategia para consolidar su liderazgo político y responder a la creciente crisis de seguridad.
Reforma constitucional y liderazgo de Noboa
Aunque cuenta con mayoría en la Asamblea y obtuvo el 55,6 % de los votos en la segunda vuelta electoral, el respaldo a Noboa aún no se refleja en una estructura política consolidada. Su triunfo, en gran medida, se atribuye al rechazo al correísmo, más que a una propuesta ideológica robusta.
El presidente ha decidido avanzar con esta reforma para fortalecer su proyecto de gobierno y hacer frente al crimen organizado transnacional, situando a la seguridad como eje principal de su administración.
Bases militares y cooperación internacional
Noboa ha justificado su propuesta al señalar que la salida de la Base de Manta afectó negativamente la capacidad del Estado para controlar delitos internacionales. A su juicio, permitir nuevamente bases extranjeras no es una decisión simbólica, sino una respuesta estructural a los desafíos del país.
El proyecto de reforma fue aprobado por la Asamblea el 3 de junio. Aunque elimina la prohibición sobre bases extranjeras, mantiene la definición de Ecuador como un territorio de paz. Ahora, el proceso requiere del pronunciamiento de la Corte Constitucional, tras lo cual el Consejo Nacional Electoral deberá convocar al referéndum dentro de los 60 días siguientes.
El referéndum como estrategia de validación política
Esta será la segunda vez que Noboa recurra a una consulta popular. En abril de 2025, solo las preguntas relacionadas con seguridad obtuvieron respaldo mayoritario. Esta nueva votación permitirá evaluar nuevamente su nivel de apoyo popular, ahora en torno a un tema con implicaciones geopolíticas más profundas.
Según el consultor Andrés Obando, el uso reiterado del referéndum forma parte de una táctica para mantener legitimidad. Aunque legalmente obligatorio, su aplicación constante puede interpretarse como un estilo plebiscitario similar al utilizado por Rafael Correa.
No obstante, también existe el riesgo de desgaste político. Obando recuerda los fracasos de consultas en los gobiernos de Lasso y Durán-Ballén, que sufrieron importantes reveses tras votaciones adversas.
Consideraciones legales y eficiencia en el gasto público
El constitucionalista Edison Guarango aclara que esta reforma fue tramitada en el periodo presidencial anterior. Por tanto, el actual Ejecutivo está obligado a dar continuidad al proceso. Guarango añade que, para optimizar el uso de recursos, podrían incluirse más preguntas en el referéndum, siempre que sean coherentes jurídicamente. Esto evitaría realizar múltiples convocatorias, cuyo costo estimado asciende a 180 millones de dólares.
Riesgos para la representación democrática
Obando advierte que recurrir frecuentemente al referéndum podría debilitar la institucionalidad del Legislativo. La ciudadanía podría concluir que la Asamblea Nacional es ineficaz, alimentando propuestas como la de una asamblea constituyente, mencionada durante la campaña de Noboa.
Finalmente, el politólogo Carlos Erazo señala que el éxito de la consulta dependerá de la percepción ciudadana. Si se interpreta como una medida concreta para enfrentar la inseguridad, el respaldo será significativo. En caso contrario, podría generar un voto de castigo.
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