La publicación de la Ley de Integridad Pública en el Registro Oficial, este 26 de junio de 2025, ha desatado una fuerte polémica. La razón es una modificación al artículo 38 del Código Orgánico Monetario que involucra al Banco Central del Ecuador (BCE) y sus mecanismos de financiamiento. Esta situación generó dudas sobre un posible retorno del financiamiento directo del BCE al Gobierno central.
El artículo 56 del mismo Código prohíbe expresamente que el BCE financie al Gobierno. Sin embargo, el cambio en el artículo 38 ha causado preocupación entre expertos y ciudadanos.
¿Qué dice la reforma?
Antes, el artículo 38 establecía que el BCE, en nombre del Estado, podía contratar créditos externos para la balanza de pagos y necesidades de liquidez, con autorización del Comité de Deuda y Financiamiento. Ahora, se ha añadido un nuevo párrafo que permite al BCE contratar líneas contingentes de liquidez por cuenta propia.
Estas líneas no requerirán autorización del Comité y tampoco se considerarán deuda pública. Solo necesitan el aval de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. Esto ha despertado inquietudes sobre la transparencia y los posibles usos de estos fondos.
Reacciones del gerente del BCE
Guillermo Avellán, gerente del BCE, aclaró en su cuenta de X que la interpretación es errónea. Aseguró que el BCE no está autorizado a financiar al Gobierno central y que la prohibición del artículo 56 continúa vigente. Según Avellán, la reforma distingue entre líneas de liquidez del BCE y los créditos que este solicita a nombre del Gobierno ante organismos multilaterales.
El BCE ha gestionado créditos con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), pero el Estado ecuatoriano es quien debe asumir el pago de esa deuda. Por lo tanto, se considera deuda pública y no afecta directamente a los recursos del Banco Central.
Críticas de expertos económicos
La economista Gabriela Calderón advirtió que el nuevo texto deja zonas grises que podrían prestarse a interpretaciones erradas. En su cuenta de X expresó que hablar de liquidez sin especificar a quién beneficia genera desconfianza. También cuestionó que las líneas de crédito no sean clasificadas como deuda pública.
Además, señaló que al eliminar la participación del Ministerio de Finanzas en la autorización, se pierde una instancia de control. En su opinión, esto podría abrir la puerta para usar al BCE como fuente de financiamiento del Gobierno, algo que la ley busca evitar.
Avellán respondió que las reformas solo aclaran procesos y competencias del BCE frente a organismos internacionales. Añadió que la Junta deberá aprobar cada línea de crédito, lo que garantiza un nivel de supervisión.
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