Movilización en el centro de Quito
Cientos de personas marcharon este jueves hacia la Asamblea Nacional para rechazar la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsada por el presidente Daniel Noboa y enviada con carácter de ley económica urgente.
La movilización recorrió el centro de Quito y estuvo encabezada por autoridades locales, dirigentes barriales y ciudadanos que exigen el archivo definitivo del proyecto. Los manifestantes llevaron pancartas con consignas en defensa de la autonomía de los gobiernos locales y de los recursos destinados a servicios sociales.
Autoridades locales cuestionan reforma al Cootad
En la protesta participaron el alcalde de Quito, Pabel Muñoz; la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; la viceprefecta de Imbabura; alcaldes y alcaldesas de varios cantones, además de asambleístas y representantes de programas sociales.
El alcalde de Quito señaló que la propuesta representa un riesgo para la gestión municipal y cuestionó que se tramite como ley económica urgente. Argumentó que los recursos que reciben los municipios ya están sujetos a reglas fiscales y que no existe justificación para acelerar su tratamiento si su aplicación se proyecta para 2027.
Desde su perspectiva, permitir que el Gobierno central defina el uso de los recursos locales vulnera la autonomía establecida para los gobiernos autónomos descentralizados.

Preocupación ciudadana por servicios sociales
Ciudadanos beneficiarios de programas municipales también participaron en la movilización. Algunos expresaron su temor a que una eventual reducción presupuestaria afecte servicios de salud, educación, programas juveniles y espacios comunitarios.
Delegaciones parroquiales advirtieron que menos recursos significarían frenar proyectos sociales y obras en barrios y parroquias. Para los asistentes, la discusión no se limita a un tema administrativo, sino que impacta directamente en derechos y calidad de vida.
Impacto financiero y obra pública en debate por reforma al Cootad
La prefecta de Pichincha afirmó que la reforma al Cootad podría implicar la reducción de cerca de mil millones de dólares correspondientes a obligaciones pendientes del Gobierno central con los gobiernos locales.
Según explicó, el efecto no solo sería contable, sino que repercutiría en la ejecución de obra pública, atención social, programas educativos y políticas de prevención de violencia de género. Autoridades provinciales y municipales consideran que esto afectaría la capacidad de inversión en sectores vulnerables.
La jornada concluyó en los exteriores de la Asamblea Nacional, donde los participantes reiteraron su pedido de archivo del proyecto y defendieron la autonomía como un pilar de la democracia local.
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