El Referéndum 2025 Ecuador impulsado por el presidente Daniel Noboa propone una reforma estructural que modificaría el esquema del financiamiento político. La medida busca eliminar el Fondo Partidario Permanente (FPP), un recurso estatal destinado al funcionamiento de los partidos y movimientos nacionales.
Esta iniciativa, parte de las cuatro preguntas del referendo, pretende suprimir la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General a las organizaciones políticas. Según el texto oficial, se busca reformar parcialmente la Constitución con base en el anexo incluido en la pregunta.
¿Qué representa el Fondo Partidario Permanente?
El Referéndum 2025 Ecuador aborda un tema sensible para el sistema democrático: el financiamiento público de las organizaciones políticas. El Fondo Partidario Permanente se divide en un 85% para las agrupaciones políticas nacionales y un 15% para el Instituto de la Democracia. Este dinero proviene de multas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de aportes del presupuesto estatal.
Cada año, los recursos se distribuyen según dos criterios: el 50% de manera equitativa y el 35% de acuerdo con los votos obtenidos en las últimas elecciones. El 15% restante se destina al Instituto de la Democracia. Sin embargo, solo las organizaciones que mantienen vigencia legal pueden recibir esos fondos.
Entre los requisitos están: obtener el 5% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas, lograr al menos tres asambleístas nacionales, o alcanzar el 8% de alcaldías a nivel nacional.
Argumentos del Gobierno de Noboa
El presidente Noboa explicó que la eliminación del FPP busca garantizar una participación ciudadana más equitativa y evitar el mal uso de los recursos públicos. Señaló que los alrededor de USD 4 millones anuales destinados a este fondo podrían dirigirse a sectores prioritarios como salud, educación y seguridad.
El Referéndum 2025 Ecuador, no obstante, implica un gasto significativo. Solo su convocatoria costará aproximadamente USD 60 millones, según datos oficiales.
Riesgos y críticas al cambio propuesto
La propuesta ha despertado preocupaciones entre analistas y ciudadanos. En el contexto actual de crimen organizado, muchos temen que eliminar el financiamiento estatal incremente la dependencia de fuentes privadas e incluso ilícitas. A pesar de las restricciones legales, las autoridades electorales han enfrentado dificultades para fiscalizar el origen y uso de los fondos de campaña.
Inicialmente, el Ejecutivo también planteó eliminar el Fondo de Promoción Electoral (FPE), que regula los gastos de propaganda durante las campañas. Sin embargo, la Corte Constitucional rechazó esta parte de la propuesta, argumentando que eliminaría la igualdad de condiciones en la difusión de información electoral.
Reformas y consecuencias políticas
El Referéndum 2025 Ecuador no solo plantea eliminar el FPP, sino que se enmarca en una serie de reformas políticas recientes impulsadas por Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC). Estas medidas endurecen las condiciones para que los partidos mantengan su personería jurídica y modifican la fórmula de asignación de escaños legislativos.
Se volvió al método de D’Hondt, usado durante los gobiernos correístas, reemplazando al método Webster, que favorecía una representación más plural. Este cambio podría reducir la diversidad política en la Asamblea Nacional, beneficiando a las organizaciones más grandes.
Además, se incrementó el requisito mínimo de votación al 5% en cada elección pluripersonal, eliminando la posibilidad de recuperación para los partidos con bajo desempeño electoral. Noboa también vetó las alianzas amplias, dividiendo los votos obtenidos entre sus miembros, lo que dificulta la supervivencia de los partidos pequeños.
Un debate sobre democracia y transparencia
El Referéndum 2025 Ecuador reabre un debate sobre la sostenibilidad de la democracia y la transparencia en el financiamiento político. Aunque la eliminación del fondo podría representar un ahorro fiscal, también podría afectar la equidad electoral y fortalecer estructuras políticas con acceso a capital privado.
Ecuador ha destinado más de USD 213 millones en consultas populares y referendos desde 2011. En este contexto, los ciudadanos deberán decidir entre priorizar la austeridad fiscal o garantizar la igualdad política en el sistema electoral.
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Fuente:
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