Horas después del anuncio oficial sobre la reestructuración estatal, diversas organizaciones sociales y sindicatos manifestaron su rechazo a las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa.
La noche del 24 de julio, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, informó que se reducirá un 41 % de la estructura estatal. Esto incluyendo ministerios, secretarías y entidades públicas, en aplicación del reglamento de la Ley de Integridad Pública. Esto implicará, además, la desvinculación de al menos 5.000 funcionarios.
CONAIE: “Modelo de despojo”
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) emitió un comunicado en el que calificó la medida como un “modelo de despojo” y convocó a la unidad de las fuerzas sociales.
Desde la organización advirtieron que los despidos masivos “afectan a la gran mayoría de los ecuatorianos” y acusaron al Gobierno de favorecer a los sectores de poder económico.
“La reducción del Estado perjudica a la mayoría, promueve privatizaciones y favorece a los poderosos, que harán lo que les dé la gana, seguirán sin pagar impuestos y no habrá Estado que pueda cobrarles ni limitar sus abusos”, expresó el documento.
UNE rechaza el castigo al sector público
Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), aseguró en una entrevista con La Posta que la gestión estatal actual refleja una mala administración de recursos y que las leyes no deben utilizarse para “castigar al sector público”.
Horas antes del anuncio oficial, Quishpe ya había advertido sobre el posible despido masivo de funcionarios públicos. Esto sin que se ejecuten previamente las evaluaciones establecidas en la Ley de Integridad Pública.
La UNE confirmó su convocatoria a una movilización nacional el próximo 7 de agosto.
FUT prepara convención nacional
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), advirtió que el proceso de despidos continuará en los próximos días.
Frente a este escenario, anunció que las organizaciones sociales llamarán a una convención nacional con el objetivo de definir estrategias frente a lo que califican como una arremetida contra el sector público.
Rechazo desde la Casa de la Cultura
La Casa de la Cultura Ecuatoriana manifestó su “profunda preocupación y rechazo” por las medidas anunciadas, a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.
La institución cultural alertó sobre el retroceso que implica este decreto en las luchas históricas de un sector “constantemente relegado”. Además convocó a asambleas provinciales para definir acciones de resistencia.
Mujeres contra el ajuste: eliminación del Ministerio
El colectivo ‘Mujeres contra el ajuste’ cuestionó el despido de 5.000 servidores públicos, así como la eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y de la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil.
Además, señalaron que la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas constituye “un ataque a comunidades campesinas, indígenas, montubias, rurales y afrodescendientes amenazadas por actividades extractivas”.
El colectivo anunció una serie de acciones que incluyen vocerías públicas, resistencia territorial y unidad de sectores sociales.
Yasunidos denuncia subordinación ambiental
El colectivo ambiental Yasunidos también se pronunció contra la fusión de las carteras de Ambiente y Energía. En su cuenta de X, cuestionaron que el organismo encargado de frenar el extractivismo quede subordinado a quien lo promueve.
“¿Quién velará por los derechos de la naturaleza cuando estos entren en conflicto con la minería o el petróleo?”, señalaron.
Amazon Frontlines: “Una regresión ambiental”
La organización Amazon Frontlines, que trabaja con comunidades indígenas de la Amazonía, expresó que el decreto de Noboa representa una regresión en materia de derechos ambientales y colectivos.
Desde la organización afirmaron que el país “regresa a un pasado donde el derecho al ambiente no existía o era una quimera”. Asimismo, estas medidas atentan contra décadas de avance en materia de política ambiental.
Inicia la desvinculación de funcionarios
Este 25 de julio comenzaron a llegar las notificaciones oficiales de desvinculación a funcionarios públicos. Según el Gobierno, forman parte del “plan de reestructuración” que busca reducir el tamaño del Estado y optimizar el uso de los recursos.
Los sectores sindicales y sociales se mantienen en alerta y preparan acciones para las próximas semanas.
Fuente: Primera Plana
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