- La Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía por irregularidades internas.
- La acusación recae sobre un exfuncionario de alto rango vinculado a la administración de contratos y recursos institucionales.
- Auditorías preliminares detectaron inconsistencias administrativas y posibles perjuicios patrimoniales a la entidad municipal.
La Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito (Epmmop) presentó una denuncia penal formal ante la Fiscalía General del Estado en contra de un exfuncionario de la institución, tras detectarse presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones administrativas y en la supervisión de procesos contractuales ejecutados en años anteriores.
Acciones judiciales iniciadas por la administración municipal
La máxima autoridad de la entidad operadora de los sistemas Trolebús y Ecovía señaló que la denuncia obedece a una política de tolerancia cero frente a posibles actos de corrupción o manejo indebido de fondos públicos. Las auditorías y exámenes especiales internos arrojaron indicios de responsabilidad que justifican la apertura de una investigación fiscal por presunto peculado o tráfico de influencias en la contratación de repuestos y servicios operativos.
La entidad metropolitana gestiona a diario la movilidad de más de 380.000 ciudadanos que se trasladan en los corredores troncalizados de la capital. Fuentes jurídicas municipales confirmaron que se entregaron a los agentes investigadores más de 500 fojas útiles con expedientes contractuales, comprobantes de pago y dictámenes de fiscalización que sustentan la sospecha de pagos indebidos y adquisiciones con sobreprecio en el mantenimiento de la flota rodante.
Protección de los recursos y transparencia en el transporte masivo
La rigurosidad en el control del gasto municipal responde a las demandas ciudadanas de probidad en el manejo del transporte capitalino, asunto prioritario que se aborda permanentemente en la sección de noticias municipales de Quito. Voceros del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ratificaron que continuarán colaborando con el Ministerio Público y con la Contraloría General del Estado para sancionar a los responsables de cualquier quebranto al patrimonio de los quiteños, precautelando la integridad de los servicios públicos esenciales.
Las indagaciones internas revelaron que varios contratos para la adquisición de repuestos de trolebuses y biarticulados fueron adjudicados presuntamente a empresas vinculadas de manera indirecta con familiares de funcionarios encargados de la comisión técnica de compras públicas. Estas inconsistencias derivaron en sobreprecios detectados en cotizaciones de sistemas de frenos, suspensión y mantenimiento de motores diésel y eléctricos.
Usuarios habituales del sistema de transporte masivo de Quito han manifestado en reiteradas ocasiones su inconformidad por los retrasos en las frecuencias y las unidades averiadas que permanecen estacionadas en los patios de El Recreo y La Y. Dirigentes barriales sostienen que la transparencia en las contrataciones de mantenimiento es la única vía para garantizar un servicio digno, puntual y seguro para los cientos de miles de trabajadores que se desplazan diariamente de sur a norte en la capital.
El Concejo Metropolitano de Quito convocó a una sesión de fiscalización para que la gerencia general de la empresa pública detalle el avance de las denuncias interpuestas ante los tribunales penales y las acciones administrativas para recuperar los valores presuntamente defraudados al erario municipal, reafirmando el compromiso de no tolerar ningún acto de deshonestidad en la gestión pública.
La Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano anunció que convocará a una veeduría ciudadana independiente para fiscalizar las compras de repuestos y suministros del transporte municipal. Los concejales consideran indispensable que los usuarios organizados tengan voz en los comités de vigilancia del gasto público para desterrar cualquier sombra de clientelismo o favoritismo.
Técnicos de mantenimiento de la empresa operadora explicaron que la incorporación de nuevas unidades biarticuladas eléctricas demandará una actualización rigurosa de los manuales de adquisiciones, evitando contratos direccionados y asegurando que las garantías de fábrica de las baterías y motores sean respetadas escrupulosamente por los proveedores internacionales.
La veeduría ciudadana vigilará que las futuras compras públicas de repuestos se realicen bajo estándares internacionales de calidad, garantizando la durabilidad y seguridad de la flota rodante de la capital.
