Migrar hacia un transporte público eléctrico en Quito sigue siendo una meta a futuro. La falta de decisión política, la escasa infraestructura y la ausencia de fondos han frenado el cambio. Los especialistas coinciden en que se requiere un modelo de gestión centralizado y apoyo financiero para materializar este proyecto.
Una transición pendiente hacia la movilidad sostenible
El Plan Maestro de Movilidad establece que a partir de 2025 todas las nuevas unidades de transporte urbano deberán ser eléctricas, con una meta de transición total hacia 2042. Esta transformación busca reducir la huella de carbono, disminuir la contaminación acústica, abaratar los costos de mantenimiento y consolidar un esquema energético sostenible que aporte a la mitigación del cambio climático.
Quito entre normas sin aplicación y fondos inexistentes
Aunque existe la ordenanza 017-2020, que propone un fondo sustentable para financiar la compra de buses eléctricos, hasta ahora no se ha concretado nada. Según el especialista Édison Yánez, la adquisición de 1.500 unidades eléctricas en Quito podría generar alrededor de 300 millones de dólares en inversión y la creación de 5.000 empleos directos.
Sin embargo, este tipo de inversiones internacionales solo se materializan en ciudades con esquemas de pago por servicio, como Bogotá, Santiago de Chile o Buenos Aires, donde la certeza financiera atrae a los fondos verdes.
Cuatro pilares clave para una reforma efectiva
Los expertos señalan que Quito necesita cambios estructurales en cuatro áreas:
- Operadora modelo: requisitos claros para las operadoras privadas, con regulaciones que garanticen el número adecuado de empleados.
- Operación modelo: rutas definidas, kilómetros promedio y verdaderos indicadores de gestión.
- Modelo de pago: transición hacia un esquema basado en kilómetros recorridos.
- Tarifa justa: garantizar que el gasto mensual en transporte no supere el 15% de los ingresos familiares, con subsidios mediante un fondo de transporte.
Cooperativas privadas y el esfuerzo por avanzar
La cooperativa Guadalajara es la única que cuenta con un bus eléctrico en Quito. Su presidente, Pablo Lima, asegura que el principal obstáculo es la falta de infraestructura, ya que los buses eléctricos requieren patios centralizados y estaciones de carga especializadas.
En ciudades como Bogotá o Medellín, los gobiernos apoyan la instalación de electrolineras y la inversión en infraestructura. En Quito, en cambio, los operadores deben asumir solos la transición.
El costo por kilómetro de un bus eléctrico es de alrededor de 2 dólares, frente a los 1,80 o 1,90 de un bus diésel. No obstante, con el alza en el precio del combustible, la electricidad se vuelve más rentable a mediano plazo.
Quito frente a los subsidios desiguales y un modelo incompleto
El Municipio de Quito destina unos 99 millones de dólares al año en subsidios para el transporte municipal, pero los operadores privados no reciben el mismo apoyo. Esta desigualdad complica la adopción de buses eléctricos en el sistema privado, a pesar de que la sostenibilidad y los beneficios económicos son evidentes.
El obstáculo político: la falta de decisión
Más allá de lo económico y tecnológico, el verdadero freno está en la política. Las tensiones entre el Alcalde y los concejales, sumadas a la cercanía de procesos electorales, impiden tomar decisiones de fondo. Ninguna autoridad quiere asumir el costo político de reformas necesarias, lo que retrasa a Quito en el camino hacia una movilidad más limpia.
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