El Municipio de Quito ha decidido terminar de forma definitiva el contrato con la empresa argentina Sarmiento Publicidad S.A. Responsable de la instalación y mantenimiento de 414 paradas de autobuses y la explotación publicitaria en espacios públicos de la capital. La decisión se sustenta en una serie de incumplimientos contractuales acumulados desde 2018, que han generado una deuda millonaria.
Un historial de irregularidades
Desde la firma del contrato. Sarmiento Publicidad debía pagar un canon anual de USD 1.267.126, una obligación que no ha sido cumplida desde hace más de seis años. Además del incumplimiento financiero, el Municipio detectó una serie de infracciones operativas y administrativas, entre ellas:
- Instalación de mobiliario publicitario en lugares no autorizados.
- Ausencia de mantenimiento en las paradas, con estructuras oxidadas y vidrios rotos.
- Sobreexplotación del espacio publicitario más allá de los límites permitidos.
Este conjunto de faltas ha generado un clima de insatisfacción ciudadana y un deterioro en el entorno urbano. Especialmente en zonas de alto tránsito donde el mal estado de las paradas representa incluso un riesgo para los usuarios del transporte público.
Deuda y sanciones superan los USD 11 millones
Producto de los incumplimientos, el cabildo quiteño ha impuesto multas sucesivas que, junto a los valores impagos del canon anual, ascienden a más de USD 11 millones. Esta cifra representa un perjuicio económico considerable para la ciudad y ha sido uno de los principales factores que impulsaron la terminación del contrato.
El Municipio ha enfatizado que, a pesar de haberse dado múltiples oportunidades para que la empresa regularizara su situación. Sarmiento Publicidad no cumplió con las obligaciones establecidas en el convenio suscrito.
Acciones legales en curso
Ante la rescisión del contrato, Sarmiento Publicidad ha iniciado acciones legales en Guayaquil para impugnar la decisión del Municipio de Quito. No obstante, la administración municipal ha ratificado la validez de la terminación unilateral del contrato y continuará con las acciones judiciales correspondientes para recuperar los valores adeudados.
La Procuraduría Metropolitana ha señalado que el proceso se ajusta a la normativa vigente y que se agotaron todas las instancias previas antes de tomar esta decisión. Se prevé que el conflicto legal se extienda, pero el Municipio mantiene su postura de defensa del interés público.
Próximos pasos: ¿qué pasará con las paradas?
Tras la rescisión del contrato, el Municipio analiza alternativas para garantizar el mantenimiento, funcionalidad y seguridad de las paradas de autobús existentes. Se evalúa la posibilidad de establecer un nuevo modelo de concesión o incluso asumir temporalmente la gestión desde la administración municipal.
Además, se está desarrollando un inventario completo del estado actual del mobiliario urbano, con el objetivo de identificar prioridades de reparación y reposición inmediata. En especial en sectores donde las estructuras presentan mayor deterioro.
Transparencia y control en futuras contrataciones
Esta situación ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de control y seguimiento de los contratos públicos. En respuesta, el Municipio ha anunciado una revisión de los procesos de contratación y concesión para asegurar una mayor transparencia. Cumplimiento y sanción oportuna en caso de incumplimientos.
Asimismo, se plantea fortalecer la supervisión técnica y legal de las concesiones de servicios urbanos, como una medida preventiva ante futuras alianzas público-privadas.
Fuente: Vistazo
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