El 7 de mayo de 2025 marcó un nuevo paso en la lucha por la descontaminación del río Machángara. Ese día, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, firmó un acuerdo que contempla 14 medidas concretas orientadas a la recuperación ambiental del afluente.
La iniciativa se enmarca en un proceso judicial sin precedentes iniciado en 2024, cuando una sentencia declaró al río Machángara como sujeto de derechos. El fallo responsabilizó al Municipio por el deterioro ambiental del río y ordenó 27 medidas de reparación.
Un proceso para Quito de años que empieza a dar resultados
Freddy Simbaña, representante del pueblo originario Kitukara, recordó que esta lucha ha tomado décadas y consideró el acuerdo como parte de una reparación histórica. “No ha sido fácil, pero esto es fruto de una persistencia colectiva”, dijo.
Por su parte, los colectivos ciudadanos que promovieron la acción judicial celebraron el acuerdo, aunque advirtieron que aún hay temas pendientes. El Municipio apeló la sentencia original, lo que mantiene el proceso judicial en curso.
Detalles del acuerdo firmado
Entre las 14 medidas pactadas se incluyen acciones clave como:
- Estudio y control de las fuentes de contaminación
- Recuperación progresiva de zonas de protección y espacios públicos
- Estrategias de concientización ciudadana para involucrar a los barrios en la restauración del río
El acuerdo es parcial: aún quedan 13 medidas por definir, especialmente en temas como la reubicación de viviendas en zonas de riesgo y la implementación de un sistema de monitoreo ambiental con indicadores técnicos.
Quito: Compromisos institucionales y vigilancia ciudadana
El alcalde Muñoz aseguró que las medidas ya se encuentran en ejecución y aclaró que no implican costos adicionales, pues están contempladas dentro de la planificación municipal. “La política pública debe construirse desde cada comunidad, no solo desde las sentencias”, señaló.
El Cabildo Cívico, uno de los accionantes del proceso, calificó el acuerdo como un avance positivo. No obstante, pidió al Municipio demostrar voluntad política para asumir el resto de medidas necesarias a mediano y largo plazo. “Es fundamental incluir aportes técnicos de expertos, la academia y organizaciones sociales”, subrayó el colectivo en un comunicado.
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