En la capital ecuatoriana, la renta de una vivienda digna se ha convertido en una carga económica insostenible para miles de familias. El acelerado encarecimiento del suelo urbano, la expansión desordenada de la ciudad, y la escasa regulación del mercado de arriendos han provocado que muchas personas deban destinar más del 30% de sus ingresos mensuales al pago de una vivienda alquilada. Esto supera el estándar recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Actualmente, solo un barrio ubicado en el sur de Quito cumple con ese criterio. Esto revela la magnitud del problema habitacional que enfrenta la urbe. Esta realidad ha llevado a que sectores de clase media y trabajadora se trasladen a las periferias, muchas veces sin acceso adecuado a servicios públicos ni transporte.
Arriendo social: una propuesta municipal para combatir la desigualdad
En respuesta a esta crisis habitacional, el Municipio de Quito ha anunciado la implementación de un nuevo modelo de arriendo social incluyente. Este modelo contempla la rehabilitación de edificios municipales abandonados para convertirlos en espacios habitacionales con alquileres accesibles. Esta estrategia tiene como objetivo garantizar un acceso más justo y digno a la vivienda para sectores vulnerables. Además, se enmarca dentro de un enfoque de desarrollo urbano más humano y sostenible.
El plan también incluye la opción a compra, lo que permitiría a las familias arrendatarias, tras cierto tiempo de residencia y cumplimiento de pagos, adquirir las viviendas a precios subsidiados. Este componente representa una vía para la generación de patrimonio propio y estabilidad a largo plazo.
¿Qué edificios se rehabilitarán? Un cambio de uso urbano
Según autoridades municipales, el proyecto contempla la identificación y rehabilitación de inmuebles que permanecen en desuso, pero que son propiedad del Municipio. Esto especialmente en el centro y sur de la ciudad. La intervención de estos espacios permitirá revitalizar zonas degradadas. Además, reducirá la presión sobre el suelo urbano y evitará la expansión hacia zonas rurales o de riesgo.
El programa está pensado también con criterios de sostenibilidad y accesibilidad, incorporando unidades de vivienda eficientes, zonas verdes, y conexión a sistemas de movilidad pública. De esta forma, se busca generar comunidad y bienestar, más allá de resolver únicamente el problema del arriendo.
Un desafío urbano con dimensión social
La implementación del arriendo social con opción a compra representa un paso relevante hacia la justicia urbana en Quito. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá del presupuesto asignado, la capacidad de ejecución técnica, y la transparencia del proceso. También será crucial el acompañamiento social a las familias beneficiarias.
Organizaciones ciudadanas y urbanistas han destacado que este tipo de políticas deben mantenerse en el largo plazo. Además, deben ser parte de una política pública integral de vivienda. Esta política debe incluir también incentivos a proyectos cooperativos, vivienda en alquiler regulado y mecanismos de financiamiento accesible.
Frente a una ciudad donde vivir cuesta más de lo que se gana, el modelo de arriendo social en Quito podría marcar el inicio de una transformación urbana más inclusiva y solidaria. La dignidad habitacional no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado por el Estado. Debe ser sostenido por una planificación urbana coherente con las necesidades sociales.
📌 Fuente: El Universo
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