La confrontación política entre el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) ha escalado a nuevos escenarios. Lo que inicialmente se desarrollaba en el pleno de la Asamblea Nacional ahora se traslada a instancias judiciales y electorales, con denuncias formales presentadas ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La disputa política sale del Legislativo
En los últimos días, los desacuerdos entre ambas fuerzas políticas dejaron de limitarse a debates parlamentarios. Legisladores de la Revolución Ciudadana acusan al oficialismo de impulsar una persecución política contra sus integrantes, mientras que ADN sostiene que sus acciones responden a presuntas irregularidades que deben ser investigadas por los organismos competentes.
Este cruce de acusaciones marca un nuevo punto de tensión en la relación entre el Ejecutivo y la principal fuerza de oposición, en un contexto político ya polarizado.
Denuncias del correísmo contra ministros del Gobierno
Uno de los hechos que intensificó el conflicto fue la denuncia presentada por un legislador del correísmo ante el Tribunal Contencioso Electoral contra siete ministros del presidente Daniel Noboa. Desde la RC se sostiene que estas acciones buscan evidenciar supuestas infracciones electorales y administrativas cometidas por funcionarios del actual Gobierno.
La bancada correísta afirma que estas denuncias se enmarcan en la defensa de la institucionalidad democrática y rechaza que se trate de maniobras políticas con fines desestabilizadores.
ADN responde y prepara querellas
Desde Acción Democrática Nacional, la reacción no se hizo esperar. Los 66 asambleístas de ADN anunciaron que preparan querellas contra Juan Andrés González, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana. Según el oficialismo, existen elementos suficientes para sustentar acciones legales en su contra.
ADN defiende que sus denuncias no responden a represalias políticas, sino a la necesidad de que ciertos hechos sean esclarecidos por la justicia y los organismos de control electoral.
Acusaciones de persecución política
La Revolución Ciudadana sostiene que las denuncias impulsadas desde el oficialismo constituyen una “arremetida del Gobierno” contra sus legisladores. Aseguran que se trata de un intento por debilitar a la oposición mediante procesos judiciales y electorales, trasladando la confrontación política a otros poderes del Estado.
Este discurso ha sido reiterado por varios asambleístas correístas, quienes advierten que el uso de la justicia con fines políticos podría afectar el equilibrio democrático.
Fiscalía y TCE, nuevos escenarios del conflicto
Con las denuncias presentadas, tanto la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Contencioso Electoral se convierten en actores clave de esta pugna. Sus decisiones podrían tener efectos políticos relevantes, ya sea confirmando o descartando las acusaciones presentadas por ambas partes.
Analistas coinciden en que este traslado del conflicto a instancias judiciales evidencia el alto nivel de confrontación entre el oficialismo y el correísmo. Anticipa un escenario de mayor tensión en los próximos meses.
Un clima político cada vez más polarizado
La escalada de acusaciones refleja un ambiente político marcado por la desconfianza y la confrontación constante. Mientras ADN insiste en que sus denuncias tienen sustento legal, la Revolución Ciudadana advierte sobre una estrategia de persecución que. Según afirman, busca limitar su accionar político.
Este escenario plantea desafíos para la gobernabilidad. Para el funcionamiento de las instituciones, en un momento en el que el país enfrenta múltiples retos económicos y sociales.
Fuente: El Universo
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