Una disputa que pone en juego el modelo económico portuario del país
La admisión de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional podría transformar la manera en que el Ecuador gestiona su comercio exterior. En este contexto de crítica, los puertos privados también juegan un papel importante. Contecon Guayaquil S.A., concesionaria del principal puerto marítimo del país, ha cuestionado la legalidad del modelo portuario vigente desde hace ocho décadas. La empresa sostiene que la actual Ley General de Puertos permite una delegación “ordinaria y no excepcional” de servicios públicos a manos privadas, contraviniendo lo establecido en la Constitución.
El 12 de septiembre de 2025, la Corte admitió la acción, lo que abre un debate profundo sobre la administración, inversión y control de los puertos que movilizan cerca del 50% del comercio exterior ecuatoriano. La decisión podría alterar de manera significativa la estructura económica y logística del país.
La postura de Contecon: “El modelo actual genera desigualdad competitiva”
Contecon argumenta que las normas actuales favorecen a los terminales privados, que operan con menores costos regulatorios y obligaciones frente al Estado. Según la concesionaria, esto habría ocasionado la pérdida de carga y la salida de dos importantes navieras en 2024.
La compañía sostiene que la Constitución, en sus artículos 314, 316 y 424, establece que los servicios públicos deben ser administrados prioritariamente por el Estado o mediante formas de gestión controladas por él. En consecuencia, pide una redefinición del modelo portuario para devolver al Estado un rol preponderante en la operación y control de los servicios portuarios.
Para Contecon, la situación actual vulnera el principio de igualdad ante la ley y reduce la capacidad competitiva de los puertos concesionados frente a los privados, generando un desequilibrio en el mercado.
La defensa de ASOTEP: “El sistema portuario privado es legítimo y vital”
La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP) respondió con firmeza. En su presentación ante la Corte Constitucional, el gremio defendió el modelo vigente como “legal, legítimo y esencial para la economía nacional”.
El abogado Javier Cardoso, representante de ASOTEP, señaló que el Estado mantiene su rol regulador, mientras los operadores privados asumen el 100% de la inversión y el riesgo empresarial. Además, enfatizó que las terminales privadas no solo cumplen con todas sus obligaciones fiscales, sino que también contribuyen de forma significativa a la economía:
- Pagan impuestos, tasas y contribuciones.
- Aportan el 5% de sus ingresos a la Subsecretaría de Puertos y el 2,92% al Servicio Nacional de Aduana.
- Mueven cerca del 50% del comercio exterior del Ecuador.
- Han invertido más de $370 millones en infraestructura y tecnología.
- Generan más de 16.000 empleos directos e indirectos.
ASOTEP advierte que desmantelar el sistema actual pondría en riesgo la capacidad exportadora del país, afectando productos emblemáticos como el banano, el camarón, el cacao y el café, además de comprometer los acuerdos comerciales internacionales.
Competencia, poder y sostenibilidad: el trasfondo del conflicto
El enfrentamiento entre Contecon y los puertos privados no se limita a un tema jurídico. Representa una lucha por el modelo económico que debe guiar el futuro portuario del Ecuador.
Mientras Contecon defiende un esquema de control estatal, ASOTEP promueve la continuidad de la libre competencia, que —según el gremio— ha permitido la modernización y eficiencia del sistema. Terminales como DP World Posorja son hoy referentes regionales por su tecnología y capacidad operativa, mientras que Contecon ha perdido parte del mercado y carga movilizada en los últimos años.
La pugna refleja también un debate más amplio: si el Ecuador debe continuar delegando la operación de sectores estratégicos a la empresa privada, o si debe retomar el control directo de estas actividades bajo un modelo público.
Implicaciones nacionales de la decisión constitucional
La Corte Constitucional solicitó informes a la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado antes de emitir un fallo. Aunque la admisión de la demanda no implica una sentencia definitiva, el proceso abre la puerta a un debate que podría redefinir la relación entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos.
Una eventual sentencia en contra del actual régimen portuario podría tener efectos colaterales en sectores estratégicos como energía, transporte y telecomunicaciones, donde también operan concesiones privadas bajo esquemas similares.
En cifras, los puertos privados movilizan más de $40.000 millones en comercio exterior al año, sosteniendo buena parte de la economía ecuatoriana. Si el modelo cambiara, el impacto sobre las exportaciones, la inversión y el empleo sería inmediato.
Conclusión: el futuro de la competitividad nacional está en la balanza
Lo que se dirime ante la Corte Constitucional trasciende una disputa entre empresas: define el rumbo del modelo económico ecuatoriano. Para ASOTEP, el riesgo es perder la competitividad y frenar el crecimiento de las exportaciones. Para Contecon, en cambio, se trata de restablecer el rol del Estado y asegurar igualdad en la competencia.
El resultado del proceso judicial no solo marcará el destino de los puertos privados, sino también la forma en que el Ecuador se relacionará con la inversión privada en sectores clave durante las próximas décadas.
Fuente: Diario La Hora
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