Los cinco pueblos Kichwas de Imbabura, organizados mediante Chuallta Fici, Unorcac y Ficapi, reafirmaron su disposición al diálogo con el Gobierno Nacional. Sin embargo, la Asamblea celebrada el 19 de octubre decidió mantener las movilizaciones en el paro en Ecuador, debido al incumplimiento de compromisos previamente asumidos por las autoridades.
Acuerdos pendientes del Gobierno
El movimiento indígena ratificó que los acuerdos alcanzados el 16 de octubre siguen vigentes. En aquella fecha, representantes del Gobierno, autoridades locales de Cotacachi y Otavalo, y la autoridad eclesiástica de Otavalo participaron en una mesa de diálogo. No obstante, según las comunidades, el Gobierno no ha satisfecho dos condiciones esenciales: la desmilitarización de los territorios comunitarios y la liberación de los 12 detenidos en Otavalo. Estas exigencias son consideradas indispensables para mantener el paro en Ecuador de manera pacífica y efectiva.
Condiciones para continuar el diálogo
Las comunidades indicaron, mediante comunicado en redes sociales, que estas condiciones son necesarias para garantizar un diálogo de confianza y respeto. “Hacemos un llamado firme al Gobierno Nacional para retomar inmediatamente el diálogo, respetando la democracia, la Constitución y los derechos humanos”, señalaron los líderes indígenas. La intención es evitar cualquier enfrentamiento entre la población y la Fuerza Pública, preservando la paz durante el paro en Ecuador.
Gobierno suspende el diálogo
Por su parte, el Gobierno Nacional informó el 19 de octubre de 2025 que no existen condiciones para continuar el proceso de diálogo político con los sectores indígenas. Según el Ministerio de Gobierno, ciertos grupos han planteado pretensiones de imposición que alteran los acuerdos previamente establecidos, afectando el paro actual en Ecuador. Además, se han modificado los actores inicialmente definidos, vulnerando los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe. El comunicado oficial enfatiza que la administración actuará “con firmeza y dentro del marco de la ley”, priorizando los derechos de la mayoría de ecuatorianos.
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