El proyecto minero en Kimsakocha, impulsado por la empresa Dundee Precious Metals Ecuador S.A., ha provocado una creciente movilización social en la ciudad de Cuenca y en la provincia de Azuay. Este martes 16 de septiembre de 2025, organizaciones sociales, gremios y comunidades campesinas protagonizan una nueva marcha en defensa del agua y en rechazo a la actividad minera en el páramo.
Esta manifestación no es aislada. Se enmarca dentro de un contexto de resistencia prolongada contra la minería en áreas ecológicamente sensibles. Allí nace una parte importante del sistema hídrico que abastece a Cuenca. Yaku Pérez, abogado de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), anticipó que esta marcha será “un grito de Cuenca al Ecuador y al mundo”.
Licencia ambiental al proyecto minero en Kimsakocha causa controversia
La principal queja gira en torno a la licencia ambiental otorgada el 23 de junio de 2025 a la empresa minera, por parte del Ministerio del Ambiente, a través de su Subsecretaría de Calidad Ambiental. El permiso habilita las fases de explotación y beneficio del proyecto minero en Kimsakocha, una mina subterránea para extraer oro, ubicada en las parroquias Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín.
Aunque la empresa cuenta con esta autorización, autoridades locales, como el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, aseguran que existen informes técnicos suficientes para que dicha licencia sea revocada. Además, sostienen que el proyecto afecta directamente a un ecosistema frágil, clave para el suministro de agua.
Reversión catastral y cuestionamientos legales
El 11 de septiembre de 2025, Zamora ordenó la reversión total del catastro del predio que ocupa la empresa minera, alegando irregularidades en los linderos asignados. Según explicó, durante una administración municipal anterior se habrían adjudicado 140 hectáreas adicionales sin respaldo legal. Esta medida, aunque no detiene directamente la explotación, complica el desarrollo del proyecto desde el punto de vista legal y operativo.
Por su parte, el presidente Daniel Noboa advirtió que si las autoridades locales no justifican su oposición con informes técnicos válidos, el Estado podría enfrentar futuras demandas internacionales por parte de la empresa. A esto, las autoridades locales respondieron que los documentos ya han sido entregados previamente. Así, la responsabilidad jurídica recae sobre el Estado central, no sobre los gobiernos autónomos descentralizados.
Consulta previa no se ha cumplido plenamente
Juan Cristóbal Lloret recordó que una sentencia de 2022 exige realizar consulta previa a las comunidades indígenas afectadas. No obstante, dicha consulta se limitó a tres comunidades, pese a que hay muchas más en la zona de influencia, particularmente en la cuenca del río Tarqui.
La Constitución ecuatoriana estipula que los recursos energéticos son competencia del Estado central. Por tanto, ni la Prefectura ni el Municipio emitieron la autorización ambiental, aunque sí pueden presentar insumos técnicos para respaldar la oposición social.
Riesgos ambientales del proyecto minero en Kimsakocha
Varios informes elaborados por consultores nacionales e internacionales desde 2012, y recopilados en 2024 por la Empresa Pública ETAPA, revelan graves riesgos ambientales. El proyecto minero en Kimsakocha se ubica a tan solo 1.200 metros del Área Nacional de Recreación Kimsakocha, parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
En esta zona nacen ríos esenciales como el Yanuncay, Tarqui e Irquis, fuentes principales de agua potable y de riego para miles de familias. La posible contaminación de estas fuentes pone en riesgo no solo el consumo humano, sino también actividades agrícolas y ganaderas.
Además, el Ministerio del Ambiente no ha delimitado la zona de amortiguamiento del área protegida, como lo exige la ley ambiental. Esto podría invalidar la viabilidad del proyecto, ya que estaría incluido dentro de una franja que debería ser intocable.
Contaminación hídrica y riesgos a largo plazo
Rigoberto Guerrero, de ETAPA, destaca que el proyecto prevé una relavera con capacidad para almacenar 5,5 millones de toneladas de roca tóxica, generadas tras 12 años de explotación. Metales pesados como arsénico, cadmio y níquel podrían filtrarse al aire o al agua, afectando a cientos de comunidades.
Un estudio de la Universidad de Cuenca señala que las grietas en el suelo generan interacción entre aguas superficiales, subterráneas y pluviales, lo que agrava el riesgo de contaminación. En otras palabras, al excavar túneles subterráneos, el humedal podría secarse, afectando de forma irreversible los ecosistemas.
El orden legal de uso del agua prioriza el consumo humano sobre la actividad industrial. Sin embargo, la minera solicitó uso de agua directamente en la naciente del río Irquis. Con antecedentes de sequías recientes, las comunidades temen quedarse sin acceso al recurso.
¿Por qué Cuenca se moviliza contra el proyecto minero en Kimsakocha?
El conflicto que gira en torno al proyecto minero en Kimsakocha evidencia una disputa estructural entre desarrollo económico basado en la minería y la protección del agua como derecho fundamental. La lucha de las comunidades no es solo técnica, sino también simbólica: defender el páramo es defender la vida.
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