El primer debate sobre el proyecto de Ley de Integridad Pública en Ecuador se realizará este 16 de junio. La iniciativa incluye reformas judiciales y de contratación pública.
Avanza el debate sobre el proyecto de Ley de Integridad Pública
La Asamblea Nacional de Ecuador ha convocado al pleno este 16 de junio a las 17:00 para conocer el informe del proyecto de Ley de Integridad Pública. Esta propuesta, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de urgente en materia económica, ha sido tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico.
Con ocho votos a favor, la comisión aprobó el informe para el primer debate, incorporando cambios significativos que modifican la propuesta original del Ejecutivo. Entre ellos, destaca la inclusión de reformas penales y administrativas que buscan fortalecer la integridad del servicio público.
Juzgamiento de menores y sanciones a operadores de justicia
Uno de los cambios clave del proyecto de Ley de Integridad Pública en Ecuador es el endurecimiento de las penas para jueces, fiscales y abogados que incurran en prevaricato. Se propone inhabilitación perpetua para ejercer la profesión. Además, se contempla juzgar a adolescentes como adultos en casos de delitos graves, ampliando el tiempo de internamiento preventivo hasta un año.
Modernización del sistema de contratación pública
El proyecto también busca transformar el sistema de contratación pública. Establece controles automatizados, obliga a la certificación técnica de operadores y garantiza trazabilidad mediante un portal con inteligencia artificial. Estas reformas pretenden eliminar espacios de corrupción y promover una contratación inclusiva.
Reformas adicionales a múltiples cuerpos legales
El proyecto de Ley de Integridad Pública en Ecuador también reforma la Ley Orgánica del Servicio Público, incluyendo evaluaciones periódicas y nuevas normas para el teletrabajo. Se modifica el Registro Único de Proveedores, los procesos de contratación como licitación, ferias inclusivas, subasta inversa y la ínfima cuantía.
Además, se proponen reformas al Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico Administrativo, Ley Orgánica de la Contraloría, Código de la Niñez y Adolescencia, y otras normativas, para establecer un marco jurídico más transparente, técnico y eficiente.
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