El proyecto de enmienda constitucional presentado por el oficialismo continúa sin avances concretos en la Asamblea Nacional. La iniciativa, impulsada por Acción Democrática Nacional (ADN), enfrenta retrasos procedimentales y un escenario político adverso para su aprobación final.
La propuesta fue entregada el 8 de diciembre de 2025 por la asambleísta Lucía Pozo. El texto plantea excluir a las Personas Privadas de la Libertad del grupo de atención prioritaria establecido en el artículo 35 de la Constitución. Actualmente, este grupo es considerado vulnerable por mandato constitucional.
Trámite legislativo y papel del CAL
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto de enmienda constitucional ya fue conocido por el Consejo de Administración Legislativa. El CAL, con mayoría oficialista, emitió un informe favorable sobre la iniciativa.
Sin embargo, Lucía Pozo estima que el organismo remitirá el proyecto recién en enero de 2026 a la Corte Constitucional. Esta remisión incluirá la solicitud de dictamen de vía, para determinar si corresponde a una enmienda o a una reforma parcial.
Aunque la Corte Constitucional no tiene un plazo definido para pronunciarse, el dictamen podría tardar alrededor de 20 días. Posteriormente, el documento regresaría a la Asamblea Nacional.
Un proceso largo y con obstáculos políticos
El procedimiento legislativo exige dos debates con un año de diferencia. Este requisito alarga aún más el trámite del proyecto de enmienda constitucional. A esta demora se suma la falta de respaldo político suficiente.
Para su aprobación se requieren 101 votos. ADN no cuenta con ese número. Incluso con aliados, el bloque oficialista alcanza aproximadamente 80 voluntades. Por lo tanto, necesita obligatoriamente los votos del correísmo.
Señales de rechazo en el Pleno
Un antecedente relevante ocurrió en la sesión del 16 de diciembre de 2025. En esa jornada, una moción de Diana Jácome, también de ADN, buscaba respaldo político a reformas constitucionales vinculadas a seguridad y justicia.
La propuesta requería 77 votos y obtuvo 79. Sin embargo, el correísmo votó en contra. Para Jácome, esta votación evidenció la postura política frente al proyecto de enmienda constitucional.
Lucía Pozo afirmó que este resultado reflejó la falta de interés del correísmo en combatir el crimen organizado. Además, reiteró que el oficialismo continuará impulsando el trámite.
Postura del correísmo y advertencias constitucionales
Desde la Revolución Ciudadana, el asambleísta Héctor Rodríguez anticipó que su bancada no respaldará la iniciativa. Según afirmó, una enmienda que implique regresión de derechos es inconstitucional.
Rodríguez sostuvo que la situación del sistema carcelario es crítica. Citó cifras de la Comisión de Garantías Constitucionales que reportan más de 800 personas privadas de libertad fallecidas por diversas causas.
Finalmente, el correísmo pidió sensatez a las bancadas. También solicitó que la Asamblea escuche a organizaciones de derechos humanos antes de avanzar con el proyecto de enmienda constitucional.
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