- La Dra. Polonia Castellanos compareció ante la Comisión de Salud y advirtió que ampliar los alcances del proyecto de ley podría debilitar las garantías para pacientes vulnerables.
Quito, julio de 2026.– La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional recibió a la Dra. Polonia Castellanos, abogada española reconocida por su participación en uno de los casos más controvertidos sobre eutanasia en España, quien compartió la experiencia jurídica de ese país y advirtió sobre los riesgos que podría representar para Ecuador una regulación que flexibilice los requisitos actualmente previstos en el proyecto de ley que tramita la Asamblea Nacional.
Durante su comparecencia, la especialista sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en la posibilidad de acceder a la eutanasia, sino en las garantías que deben proteger a los pacientes y evitar decisiones irreversibles sin controles suficientes.
Entre los principales puntos expuestos, Castellanos alertó sobre la intención de ampliar el alcance de la normativa eliminando requisitos que constituyen salvaguardas fundamentales. En particular, cuestionó las propuestas orientadas a flexibilizar criterios como el pronóstico de vida y enfatizó la necesidad de mantener evaluaciones médicas, psicológicas y psiquiátricas independientes, realizadas por profesionales sin conflictos de interés, para garantizar que la decisión del paciente sea plenamente libre e informada.
«Ecuador aún está a tiempo de construir una regulación técnicamente sólida, con controles independientes y garantías que protejan especialmente a las personas más vulnerables. La experiencia española demuestra que las excepciones terminan convirtiéndose en reglas cuando se anteponen conflictos de intereses y la ley no establece sus salvaguardas«, manifestó la Dra. Polonia Castellanos.
El caso Noelia: un precedente que marcó el debate en España
Aunque los tribunales finalmente autorizaron el procedimiento, el caso abrió un intenso debate sobre la necesidad de fortalecer los controles, sobre todo al prevenir de conflictos de intereses en los comités encargados de evaluar las solicitudes de eutanasia.
La experiencia española resulta especialmente relevante para Ecuador, considerando que este país legalizó la eutanasia en 2021, convirtiéndose en uno de los pocos países europeos en regular este procedimiento.
Para Víctor Manuel Valle, presidente de Dignidad y derecho, la comparecencia de la especialista representa un aporte técnico valioso para el debate legislativo. «En primer lugar, es absolutamente debatible que la Corte Constitucional pueda disponer que la Asamblea Nacional, un poder del Estado, emita una ley. Es la Asamblea quien tiene la sola discreción para interpretar y expedir leyes con carácter obligatorio”. En cuanto a los pacientes con enfermedades terminales, la experiencia internacional demuestra que la legislación debe incorporar salvaguardas suficientes para proteger la dignidad del paciente, garantizar cuidados paliativos, que son un derecho en el Ecuador, y que las decisiones sean libres e informadas.»
El estudio jurídico reiteró que continuará analizando el texto definitivo que presente la Asamblea Nacional y que su posición se fundamentará en que cualquier normativa respete el alcance de la sentencia No. 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional, proteja a los grupos vulnerables, garantice la objeción de conciencia del personal sanitario y fortalezca el acceso a cuidados paliativos antes de ampliar el alcance de la regulación sobre eutanasia.
Dignidad y derecho reafirma su compromiso con un debate técnico y responsable
Dignidad y derecho ha sido uno de los principales impulsores de un debate serio, técnico y humanitario sobre la eutanasia en Ecuador. Entre sus aportes destacan el respaldo a la Ley de Cuidados Paliativos, la organización del Primer Congreso Regional de Eutanasia (2023), la elaboración de propuestas jurídicas junto a especialistas nacionales e internacionales y su participación permanente en el análisis del proyecto de ley que actualmente tramita la Asamblea Nacional.
La organización promueve que toda legislación esté alineada con los principios constitucionales y estándares internacionales, que fortalezca las garantías para pacientes, familias y profesionales de la salud, priorizando la seguridad jurídica, la protección de los grupos vulnerables y el respeto a la dignidad humana.
