El debate sobre el diseño de instrumentos normativos eficaces resulta determinante para enfrentar el crimen organizado. Efectivamente, las discusiones en torno al proyecto de Ley Antimafias avanzaron tras concluir el primer debate en el Pleno legislativo el veintisiete de agosto. Consecuentemente, el texto impulsado por el oficialismo regresó a la Comisión de Seguridad para receptar observaciones y ajustes procesales. Por lo tanto, las distintas bancadas parlamentarias alcanzaron consensos sobre la urgencia de asfixiar los mecanismos de financiamiento de las bandas. Ciertamente, las reformas al Código Orgánico Integral Penal buscan tipificar nuevas conductas e incrementar sustancialmente las penas vigentes.
Indudablemente, la sanción al desvío y comercialización no autorizada de hidrocarburos constituye un eje central de la normativa. De este modo, la formulación del proyecto de Ley Antimafias establece penas de hasta trece años de prisión por almacenamiento ilícito en zonas fronterizas o marítimas. De la misma manera, el texto contempla castigos de diez a trece años si las manipulaciones a la infraestructura petrolera provocan incendios o daños ambientales. Por ende, los legisladores independientes solicitaron revisar la proporcionalidad de las sanciones frente a insumos de uso agrícola en áreas rurales. Claramente, se persigue neutralizar las fuentes de liquidez que sostienen la operatividad criminal.
Tipificación de la pertenencia funcional dentro del proyecto de Ley Antimafias impulsado en el Pleno
Paralelamente, la propuesta legal endurece el régimen de penas para quienes colaboren externamente con estructuras delictivas. Indudablemente, la aprobación del proyecto de Ley Antimafias creará la figura de la pertenencia funcional para sancionar labores de vigilancia, transporte y comunicación con diez a trece años de cárcel. Por consiguiente, los llamados «campaneros» e informantes enfrentarán severas consecuencias judiciales por facilitar la logística criminal. Por ende, la presidenta de la comisión instructora aclaró que los vínculos exclusivamente familiares o profesionales no constituirán delito. Esencialmente, la medida penaliza la integración voluntaria y consciente en el entramado ilícito.
Asimismo, la delincuencia organizada y la estructuración de mandos recibirán penas de veintidós a veintiséis años de privación de libertad. Efectivamente, el tratamiento del proyecto de Ley Antimafias abre la discusión sobre la eliminación del tope máximo para la acumulación de penas en el país. Por lo tanto, diversos legisladores proponen adoptar modelos internacionales de mayor severidad punitiva para frenar la delincuencia de alto impacto. Indiscutiblemente, la inclusión del delito de desplazamiento forzoso sancionará con hasta diez años a quienes obliguen a ciudadanos a abandonar sus viviendas. Asimismo, los delatores que entreguen información verídica obtendrán reducciones de penas.
Administración de bienes incautados y herramientas cautelares en la propuesta normativa
Por otra parte, la agilización procesal para la disposición de bienes comisados representa un avance logístico indispensable para el Estado. Efectivamente, la implementación del proyecto de Ley Antimafias facultará a los juzgadores a ordenar la venta anticipada de bienes muebles e inmuebles sujetas a depreciación. Por consiguiente, los automotores incautados con alteraciones en sus identificaciones podrán asignarse a instituciones públicas mediante convenios de uso operativo. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Tránsito asignará códigos especiales para permitir la circulación de dichas unidades. Indiscutiblemente, la incautación estratégica mermará la capacidad económica de las redes clandestinas.
De la misma manera, los jueces dispondrán de facultades inmediatas para retener documentos de viaje y pasaportes de procesados con riesgo de fuga. De este modo, el seguimiento del proyecto de Ley Antimafias continuará en la Comisión de Seguridad para la elaboración del informe definitivo de segundo debate. Por ende, la articulación de consensos entre la bancada oficialista ADN y las agrupaciones de oposición determinará el texto final. Claramente, el marco legal aspira a dotar a la fuerza pública y al sistema judicial de herramientas efectivas. Esencialmente, la nación requiere un esquema punitivo riguroso ante la criminalidad.
Para obtener más información sobre las leyes aprobadas y los debates de las comisiones parlamentarias, puedes consultar el portal oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador. Asimismo, para revisar decretos y normativas vigentes en el ordenamiento legal ecuatoriano, puedes ingresar al sitio web del Registro Oficial del Ecuador.
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Fuente: primicias.ec
