El Gobierno insiste en que la seguridad ha mejorado. Multiplica operativos, despliega fuerzas especiales, construye nuevas cárceles y anuncia disminuciones en los homicidios. Sin embargo, un dato contradice ese discurso oficial: cada vez más funcionarios públicos requieren protección policial.
Aumento en las solicitudes de protección policial
La Dirección Nacional de Seguridad y Protección (Dinpro) cuenta con 1.460 policías destinados a brindar protección policial a 303 personas en situación de riesgo. Entre ellas se incluyen altos funcionarios del Estado: ministros, secretarios, jueces, fiscales, asambleístas, alcaldes, prefectos, gobernadores y candidatos. Esta medida, antes excepcional, se ha convertido en una rutina institucionalizada en el Ecuador actual.
Expansión del perfil de personas protegidas
Históricamente, cargos como el Presidente de la República o los ministros han requerido protección policial. Sin embargo, en los últimos años se han sumado figuras antes no contempladas, como directores de hospitales públicos y autoridades judiciales. El incremento sostenido de amenazas ha generado una presión operativa considerable sobre la Dinpro, además de un creciente costo político.
El caso Villavicencio y el salto en las cifras
Antes del asesinato de Fernando Villavicencio en agosto de 2023, la Dinpro recibía entre 70 y 100 solicitudes anuales de protección policial. Tras ese hecho, la cifra superó los 1.400 pedidos en un solo año. Cada caso debe ser evaluado por la Policía Nacional, que clasifica el riesgo y determina si corresponde vigilancia móvil o cápsulas de seguridad armadas.
Falta de respuesta institucional y sobrecarga estructural
EXPRESO solicitó datos actualizados sobre la carga operativa de la Dinpro, pero no obtuvo respuesta. Lo que sí se conoce es que el primer semestre de 2025 fue el más violento desde 2010, con 4.557 muertes violentas. En paralelo, la lista de personas que necesitan protección policial se amplía semana a semana.
Formación de agentes y limitaciones técnicas
La Policía ha duplicado los cursos de protección. En octubre de 2024 se capacitaron 288 agentes en temas como defensa personal, inteligencia y normativa legal. A pesar de estos esfuerzos, subsisten interrogantes sobre si este crecimiento responde a una estrategia preventiva o a una reacción ante un conflicto armado interno prolongado.
La advertencia de los manuales internacionales
Manuals como el del Ministerio del Interior de España (2021) subrayan que los servicios de protección policial deben implementarse bajo criterios técnicos rigurosos. Una expansión sin base objetiva puede derivar en una pérdida de eficacia, sobrecarga operativa y distorsión en la percepción de seguridad pública.
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Fuente:
https://www.expreso.ec/
