La empresa estadounidense Progen en Salitral ha recibido hasta la fecha USD 69 millones, lo que representa el 70% del valor total del contrato por USD 99,4 millones. Sin embargo, el proyecto de la planta eléctrica acumula significativos retrasos y aún no entra en operación, pese a los múltiples plazos otorgados.
Disputa contractual y arbitraje internacional
El 18 de junio de 2025, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) resolvió la terminación unilateral del contrato con Progen en Salitral. No obstante, dicha decisión está temporalmente detenida por una medida cautelar emitida por un árbitro, dentro del proceso arbitral iniciado por la empresa en la Cámara Ecuatoriano Americana. A través de este procedimiento, Progen busca autorización para continuar con el proyecto, argumentando que el avance es del 90%.
Prórrogas e incumplimientos
Inicialmente, Progen en Salitral debía poner en funcionamiento los equipos en 120 días. Sin embargo, Celec otorgó dos prórrogas que extendieron el plazo hasta el 27 de febrero de 2025, sin resultados concretos. A pesar de las afirmaciones de Progen, Celec sostiene que el avance real apenas alcanza el 73,58%.
Valores pendientes y multas acumuladas
Celec ha determinado que Progen en Salitral ha ejecutado obras por USD 73,13 millones. No obstante, la empresa debe devolver USD 12,4 millones al Estado por conceptos como garantías técnicas, repuestos no entregados, cuentas por cobrar y multas por incumplimientos contractuales. Además, el contrato contempla sanciones por USD 5 millones, que Progen intenta impugnar ante la Procuraduría General del Estado.

Pólizas vencidas: otro incumplimiento clave
Otro argumento determinante para la terminación anticipada del contrato con Progen en Salitral es el vencimiento de las pólizas de seguros exigidas. Desde el 2 de abril de 2025, los seguros de Responsabilidad Civil, Accidentes Personales y Vehículos no han sido renovados, a pesar de las 15 solicitudes formales realizadas por Celec.
En resumen, Progen en Salitral enfrenta una situación crítica tanto por los retrasos operativos como por los compromisos financieros pendientes. El conflicto contractual avanza ahora en tribunales de arbitraje, donde se definirá el desenlace final del proyecto eléctrico.
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