El caso del Prófugo por violación terminó con una captura luego de casi diez años de búsqueda continua. Además, la intervención fue ejecutada por la Policía Nacional del Ecuador. El operativo se desarrolló la mañana del lunes 2 de febrero de 2026.
El detenido mantenía vigente una orden judicial por un presunto delito sexual. Sin embargo, logró evadir a las autoridades durante varios años. Por lo tanto, su localización representó un avance significativo para el sistema de justicia.
Operativo especializado y despliegue táctico
La detención del Prófugo por violación se realizó mediante un operativo cuidadosamente planificado. La acción estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley. Además, se emplearon técnicas avanzadas de inteligencia operativa e investigación criminal.
Según información oficial, el despliegue se ejecutó en el circuito Cusubamba, en el cantón Cayambe. Asimismo, formó parte de la Estrategia Operacional 3D, orientada a reducir los índices delictivos. En consecuencia, la captura se concretó sin generar riesgos para la comunidad.
La intervención recibió el nombre de “Cero Impunidad 2909”. Esta operación permitió ubicar con precisión al Prófugo por violación. Posteriormente, fue aprehendido bajo estrictas medidas de seguridad y control policial.
Antecedentes del proceso judicial
Los hechos que motivaron la orden de captura se remontan al año 2016. De acuerdo con las investigaciones, el hoy detenido habría coincidido con la víctima en una reunión social. La víctima era una adolescente de 15 años en ese momento.
Según el expediente, el sospechoso habría aprovechado una situación de vulnerabilidad. Además, se mencionan amenazas e intimidación como parte del hecho denunciado. Por lo tanto, se activó un proceso judicial que derivó en su búsqueda a escala nacional.
Situación legal del detenido
Tras la captura del Prófugo por violación, el implicado fue sometido a valoraciones médicas de rutina. Luego, fue trasladado bajo custodia a órdenes de la autoridad judicial competente. Allí se definirá su situación jurídica conforme al debido proceso.
Las autoridades señalaron que este tipo de operativos fortalece la seguridad ciudadana. Además, reafirma el compromiso institucional de combatir la impunidad. En consecuencia, continúan las acciones para ubicar a otros prófugos requeridos por la justicia.
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