Ecuador atraviesa en julio de 2025 su peor crisis en su producción petrolera en más de dos décadas. El 22 de julio, la producción diaria cayó a 31.831 barriles, el nivel más bajo registrado desde que existen datos mensuales comparables, según el Banco Central del Ecuador.
La paralización de los oleoductos SOTE y OCP, tras nuevos daños provocados por la erosión regresiva del río Coca, provocó un colapso total en la capacidad de transporte de crudo. Las operaciones estuvieron detenidas por más de tres semanas.
Ambos oleoductos reanudan gradualmente sus operaciones hacia finales de julio, pero el impacto económico ya es irreversible. Las exportaciones, la producción de combustibles y los ingresos del Estado se han visto fuertemente afectados.
Impacto fiscal y comercial inmediato
La paralización del transporte de petróleo redujo severamente los ingresos del fisco. Entre enero y mayo de 2025, el Presupuesto General del Estado registró un déficit de USD 1.255 millones, frente a un superávit en el mismo período de 2024.
La caída de los ingresos petroleros fue del 34%, al pasar de USD 530 millones a USD 348 millones. Al mismo tiempo, el gasto público aumentó un 15%, sobre todo en rubros no permanentes.
Según la ministra de Finanzas, Sariha Moya, el colapso petrolero de julio generaría pérdidas fiscales adicionales de entre USD 400 y 500 millones. Aunque el Gobierno espera una recuperación en los próximos meses, la presión sobre las cuentas públicas continúa.
Producción en caída libre
Hasta el 22 de julio, la producción promedio mensual se situó por debajo de los 120 mil barriles diarios. Es una caída del 74% en comparación con el promedio del primer semestre del año.
Se trata del peor dato mensual desde que existen estadísticas comparables. Ni siquiera en eventos previos de disrupción, como el paro nacional de 2019 o la pandemia de 2020, se registró un desplome tan severo.
Una cadena de crisis petroleras
El actual colapso no es un hecho aislado. Desde inicios del siglo XXI, Ecuador ha enfrentado múltiples crisis en su sector petrolero, aunque ninguna de la magnitud de la actual.
En 2003, una paralización llevó la producción a 330 mil barriles diarios, pero el país se recuperó rápidamente. En 2020, la pandemia redujo la producción a 209 mil barriles diarios, con una recuperación en tres meses.
Un año después, la erosión del río Coca ya había provocado la detención simultánea del OCP y el SOTE. En 2022, el paro nacional interrumpió nuevamente la operación petrolera por bloqueos y daños a infraestructura.
La erosión regresiva ha sido identificada como una amenaza desde hace más de cinco años. Sin embargo, no se ha ejecutado una reubicación definitiva del sistema de oleoductos a una zona más estable.
Falta de planificación agravó la crisis
Expertos como José Sánchez, exgerente de Transporte de Petroecuador, sostienen que el nuevo trazado de los oleoductos podía haberse construido en apenas seis meses. Existían estudios previos y viabilidad técnica. Pero la falta de liderazgo, inversión y voluntad política impidió su ejecución.
Mientras tanto, la red de transporte de crudo permanece vulnerable, y la institucionalidad del sector continúa debilitada por la rotación constante de autoridades y la falta de planificación de largo plazo.
Consecuencias externas también son visibles
Entre enero y mayo de este año, las exportaciones petroleras se redujeron un 19,4%. Esta baja responde a una disminución del 7,7% en volumen exportado y una caída del 12,7% en el precio promedio, que se ubicó en USD 61,2 por barril.
Aunque las exportaciones no petroleras crecieron un 24% y sostuvieron el superávit comercial más alto desde 2021, la balanza petrolera se redujo a la mitad, reflejando la creciente vulnerabilidad del país frente a los shocks del sector energético.
Una crisis que pudo evitarse
La crisis petrolera de julio fue anticipada por expertos y actores del sector. Sin embargo, la omisión prolongada impidió que se adoptaran las medidas necesarias para prevenirla.
La infraestructura petrolera sigue sin adaptarse a los riesgos geológicos que enfrenta. Mientras tanto, el petróleo continúa siendo una fuente clave de financiamiento del Estado.
El reciente desembolso de USD 600 millones del FMI ofrece un respiro temporal, pero no resuelve los problemas estructurales que enfrenta el sector.
La gran interrogante ahora es si este nuevo colapso servirá como punto de inflexión para adoptar soluciones definitivas, o si será solo otro episodio en una larga serie de crisis anunciadas.
Fuente: Primicias
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