La Procuraduría General impulsa Ley de Repetición como una medida fundamental para proteger los recursos públicos y garantizar la responsabilidad patrimonial del Estado. La iniciativa fue presentada ante la Asamblea Nacional y busca que funcionarios y exfuncionarios respondan por perjuicios ocasionados con dolo o culpa grave.
Un marco legal para la transparencia
La Procuraduría General impulsa Ley de Repetición con el propósito de fortalecer la transparencia y evitar la impunidad en casos de mal uso de fondos públicos. Según el organismo, esta normativa permitirá que el Estado recupere recursos perdidos injustificadamente y que los responsables afronten consecuencias patrimoniales claras.
El texto establece que cualquier acción deberá respetar el debido proceso, garantizando la defensa de los involucrados. Sin embargo, se enfatiza que no habrá tolerancia frente a actos dolosos que afecten al erario nacional.
Iniciativas previas y respaldo político
La propuesta se suma a un proyecto impulsado semanas atrás por la asambleísta Camila León, representante de ADN por Azuay. En su planteamiento, destacó que la falta de un marco jurídico adecuado ha permitido que el Estado pierda miles de millones de dólares. Estos recursos pudieron destinarse a educación, salud y programas sociales de impacto.
El exprocurador Íñigo Salvador recordó que en 2021 ya existió un intento similar. No obstante, la propuesta fue archivada, lo que retrasó nuevamente el establecimiento de un mecanismo eficaz de recuperación.
Criterios de aplicación de la Ley de Repetición
La Procuraduría General impulsa Ley de Repetición definiendo tres criterios esenciales para activar el proceso:
- Que exista dolo o culpa grave del funcionario.
- Que haya resolución judicial definitiva que obligue al Estado a pagar.
- Que se establezca un nexo causal entre la conducta y el daño económico.
De esta manera, la normativa propone reglas claras que permitirán responsabilizar a quienes afectaron gravemente las finanzas estatales.
Impacto esperado en el interés público
La Procuraduría General impulsa Ley de Repetición como herramienta legal clave para la defensa del interés colectivo. La normativa pretende recuperar fondos esenciales para el desarrollo nacional y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Además, la iniciativa refuerza la lucha contra la corrupción y promueve un marco de responsabilidad que podría sentar un precedente regional. Con ello, el Ecuador se alinea a estándares internacionales en materia de gestión pública y transparencia.
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