Los procesos penales de alcaldes y prefectos de Ecuador afectan a 118 de las 245 autoridades subnacionales del país. Así lo revelan datos del sistema e-Satje del Consejo de la Judicatura, actualizados a mayo de 2026. En total, se contabilizan 264 causas por delitos que van desde el robo y la estafa hasta el peculado y la asociación ilícita.
Sin embargo, la mayoría de esas causas no llegó a juicio. De los 264 procesos, 221 fueron archivados sin formulación de cargos. La Fiscalía solicitó el archivo de 217 de ellos durante la etapa de investigación previa.
Autoridades con múltiples causas penales
Alrededor de 20 autoridades acumulan más de un proceso. Muchos de esos casos se iniciaron antes de que asumieran sus cargos actuales.
La alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, Ligia Caiza, es quien registra más causas: cuatro en total. Tres corresponden a presunta asociación ilícita vinculada al tráfico de combustible; la cuarta, a presunta minería ilegal. En los tres primeros casos, fue declarada inocente en primera instancia con sentencia ejecutoriada. En el cuarto, la Fiscalía no formuló cargos.
Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta tres procesos activos. El primero, conocido como caso Triple A, involucra la presunta comercialización ilegal de diésel subsidiado. Según la Fiscalía, el perjuicio al Estado superaría los USD 100 millones. El segundo, denominado caso Goleada, investiga presunto lavado de activos. El tercero se originó porque Álvarez no portaba el grillete electrónico cuando fue detenido en febrero de 2026.
Alcaldes detenidos y llamados a juicio
Tres alcaldes se encuentran actualmente privados de libertad. Además, un cuarto tiene un auto de llamamiento a juicio.
El alcalde de Pujilí, José Arroyo Cabrera, cumple prisión preventiva por presunto peculado. La Fiscalía lo acusa de haber diseñado un esquema de simulación contractual por más de USD 300 mil, relacionado con la compra de plantas y la construcción de un parque.
El alcalde de Riobamba, John Vinueza Salinas, fue llamado a juicio en abril de 2026. Se le acusa de liderar una estructura para cometer tráfico de influencias y cohecho, vinculados a la asignación irregular de 255 cupos de taxis.
El alcalde de Aguarico, Juan Carlos Orellana, fue sentenciado en primera instancia por registrar un título universitario falso. Su defensa anunció que apelará la decisión.
Finalmente, el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, fue detenido el 3 de junio de 2026 por presunto lavado de activos. El caso, llamado Blindaje, se originó a partir de un reporte de operaciones financieras inusuales.
¿Por qué tantos procesos penales de alcaldes y prefectos se archivan?
El elevado número de causas que terminan archivadas plantea interrogantes sobre el sistema judicial. Para el politólogo Pablo Medina, de la Universidad San Francisco de Quito, existen dos hipótesis posibles.
Por un lado, podría haberse normalizado el hecho de denunciar a una autoridad sin argumentos sólidos. Por otro, habría que analizar por qué la Fiscalía opta por no continuar con tantos procesos. Medina también cuestiona el costo que representa para el Estado la investigación de causas que no prosperan.
Conclusión
Los datos evidencian que los procesos penales de alcaldes y prefectos son un fenómeno extendido en Ecuador. La mayoría termina archivada, pero un grupo relevante de casos activos involucra presuntos delitos graves como peculado, lavado de activos y fraude. El escrutinio judicial sobre las autoridades subnacionales continúa siendo un tema central en el debate sobre la gestión pública del país.
Otras Noticias
Vehículos Eléctricos en Ecuador: Crecimiento del 250 % en 2026
