En el año 2024, el Estado ecuatoriano enfrenta la creciente necesidad de endeudarse para mantener su voluminoso presupuesto, proyectado en USD 35.536 millones. Según la Proforma presupuestaria, el Gobierno liderado por Daniel Noboa deberá obtener préstamos por aproximadamente USD 10.992 millones, casi el doble de lo esperado por la recaudación del Impuesto a la Renta. Esta carga financiera implicaría un desembolso de USD 621 por cada uno de los 17,7 millones de ciudadanos ecuatorianos. A pesar de esta situación, Noboa no tiene previsto realizar recortes significativos en el gasto público para el año en curso.
El aumento en el monto de endeudamiento, que supera en USD 3.415 millones al presupuesto del año anterior, refleja una tendencia preocupante. El economista Andrés Albuja explica que esta necesidad creciente de préstamos se debe a que los ingresos estatales, incluyendo impuestos y ventas de petróleo, no son suficientes para cubrir los gastos. Como resultado, el déficit fiscal se incrementa anualmente, y la única forma de financiarlo es mediante más deuda.
En un esfuerzo por aliviar la carga financiera, Ecuador destina USD 273 millones al pago de bonos de deuda externa. Sin embargo, se estima que el déficit en 2024 alcanzará los USD 4.808 millones, aunque Albuja sugiere que las necesidades de préstamos podrían ascender hasta los USD 12.000 millones debido a posibles sobreestimaciones de ingresos.
El principal desafío para el Gobierno de Noboa radica en encontrar fuentes internacionales dispuestas a otorgar préstamos, considerando que el país es percibido como un deudor de alto riesgo. Como resultado, el presupuesto se apoya cada vez más en la deuda interna, como los bonos del Estado, que suelen ser adquiridos por entidades como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En 2023, el gobierno anterior proyectó que más del 50% del financiamiento requerido provendría de deuda interna, reflejando la creciente dependencia del país de sus propios recursos financieros.
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