El presupuesto público para medicamentos bajó de USD 440 a 279 millones en tres años, una disminución significativa que reconfigura totalmente la forma en que se financia la salud en Ecuador. Este ajuste no es un hecho aislado, sino el reflejo de transformaciones estructurales que modifican el acceso y la sostenibilidad de los tratamientos para toda la población. Al observar las dinámicas de consumo, se aprecia que vitaminas y medicamentos respiratorios lideraron las compras de los hogares ecuatorianos; además, un antihipertensivo figuró entre los productos más demandados, lo que revela las necesidades prioritarias de atención sanitaria en el territorio nacional.
Del dicho al hecho
Del dicho al hecho hay gran trecho, como suele decirse, y este caso confirma esa realidad. La Constitución ecuatoriana establece claramente que el presupuesto en salud debe subir en forma paulatina, con el fin de garantizar derechos y cobertura integral. Sin embargo, lo que efectivamente sube es el gasto de bolsillo en salud, es decir, el monto que paga cada ciudadano, por su propia cuenta, al adquirir servicios o insumos médicos. Entre 2018 y 2022, el porcentaje de este gasto osciló entre 30 y 32 por ciento de todo lo invertido en salud por el país en un año, según datos oficiales del INEC. No obstante, la cifra debe haber subido últimamente, advierten analistas especializados, hasta bordear el 40 por ciento del total del financiamiento sanitario.
En términos reales, cada ecuatoriano destina alrededor de USD 130 mensuales para temas de salud, una suma que al año supera los USD 1.500 por persona. Esta carga económica recae directamente sobre las familias, afectando su capacidad de ahorro y su estabilidad financiera, especialmente en sectores de menores ingresos. El presupuesto público para medicamentos, al reducirse de manera drástica, transfiere una parte fundamental de la responsabilidad financiera del Estado hacia la ciudadanía, generando brechas en la cobertura efectiva.
Se debe formular un buen sistema de salud
«Un sistema de salud debe cumplir dos objetivos básicos», explica José Ruales, médico con 45 años de trayectoria como salubrista y 31 años de experiencia en formulación de políticas públicas. «El primero es mantener sana a la población y recuperar la salud de quienes la perdieron. Y el segundo es tener una red de protección social en salud para evitar que las familias empobrezcan cuando uno de sus miembros enfrenta una enfermedad catastrófica». Ruales cuenta con una amplia trayectoria en el sector público: fue subsecretario, luego viceministro, y dirigió entre julio de 2022 y noviembre de 2023 el Ministerio de Salud. Al salir de esa cartera, fue convocado a Centroamérica para apoyar a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y de esa misión acaba de volver al país para dirigir desde el decanato la carrera de Salud de la UISEK, en Quito.
Según sus propios cálculos, el gasto de bolsillo en salud se aproxima ya al 40 por ciento del financiamiento total. ¿Qué implica esto en la práctica? Que los ciudadanos asumimos la crisis fiscal actual, financiando de nuestros bolsillos el déficit generado por un menguante presupuesto público destinado al sector sanitario. El presupuesto público para medicamentos no solo ha disminuido en monto absoluto, sino que también ha perdido peso relativo frente a otras fuentes de financiamiento, modificando el equilibrio que debería existir entre la inversión estatal y el aporte de las personas.
No se cumple con la ley
A mayo de 2026, el presupuesto codificado para salud supera los USD 5.500 millones en cifras oficiales. Sin embargo, solo USD 2.600 millones de esa cantidad están realmente financiados, lo que evidencia una brecha considerable entre lo planificado y lo que efectivamente se puede ejecutar. Esta disparidad agrava la situación, porque el presupuesto público para medicamentos depende directamente de los recursos disponibles y asignados, que hoy son mucho menores que hace tres años. Por consiguiente, el financiamiento de la salud en Ecuador se apoya cada vez más en el esfuerzo individual, en lugar de en la garantía colectiva que promueve la normativa vigente.
En definitiva, la reducción de el presupuesto público para medicamentos de USD 440 a 279 millones en tres años plantea preguntas esenciales sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. La carga económica que soportan las familias, el incumplimiento de las metas constitucionales y la falta de recursos financiados en el presupuesto general son factores que definen la realidad actual. Entender quién financia la salud en Ecuador hoy es comprender cómo se han redistribuido las responsabilidades, y cómo esto afecta el acceso equitativo a medicamentos y servicios médicos para todos los habitantes.
Fuente: Ecuavisa
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