La Contraloría General del Estado (CGE) ha identificado un posible perjuicio al Estado por un monto significativo de $ 974.568 en la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. Esta revelación surge tras un exhaustivo examen especial realizado por la CGE, donde se han predeterminado responsabilidades civiles culposas.
Responsabilidades señaladas por la CGE
En el comunicado emitido por la Contraloría General del Estado, se especifica que se han identificado posibles responsables de este perjuicio, siendo tres funcionarios y un contratista los señalados. Estos individuos estuvieron prestando servicios entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), entidad responsable del proyecto.
Finalización unilateral del contrato con CWE
Un dato relevante es que, tras 12 años de trabajo, Celec decidió unilateralmente dar por terminado el contrato con CWE, lo que ha generado un mayor escrutinio sobre las gestiones y decisiones tomadas durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón.
Reacción de Celec ante las acusaciones
Ante las acusaciones formuladas por la Contraloría, Celec ha respondido indicando que las administraciones de la época en cuestión son las responsables de presentar los argumentos de descargo ante el organismo de control. Además, han destacado la importancia de que las pruebas sean evaluadas meticulosamente para determinar las responsabilidades pertinentes.
Análisis del contrato con Tyazhmash S. A.
Entre los aspectos examinados por la Contraloría se encuentra el contrato suscrito por Celec con la compañía rusa Tyazhmash S. A. para la conclusión de las obras electro- e hidromecánicas del complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Este análisis ha arrojado luz sobre posibles irregularidades que podrían haber contribuido al perjuicio económico identificado.
En resumen, el informe de la Contraloría General del Estado revela una situación preocupante en relación con la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, donde se han identificado posibles responsables y se han señalado irregularidades en la gestión de contratos clave.
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