El Ejército ecuatoriano ha iniciado una exhaustiva investigación para determinar si existió una posible fuga de información militar que facilitó una emboscada perpetrada por grupos armados, la cual dejó un saldo de once soldados asesinados. El ataque tuvo lugar el 9 de mayo de 2025, durante una operación de control contra la minería ilegal en la región de Alto Punino, provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana. El evento se considera uno de los más letales registrados en los últimos años contra las Fuerzas Armadas del país.
Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de la Brigada de Selva 19 Napo realizaba un reconocimiento. Durante la operación, recibió un ataque con fusiles automáticos y granadas de fragmentación.
Las autoridades sospechan que grupos armados como Comandos de la Frontera y Los Lobos accedieron a información militar. Eso les permitió planificar una emboscada con precisión letal.
Revisión de protocolos ante posible fuga de información militar
Ante estos hechos, el alto mando militar ha dispuesto una revisión minuciosa de los protocolos de inteligencia, así como una evaluación interna de todo el personal involucrado en la planificación, logística y ejecución de la operación. La hipótesis principal gira en torno a una posible fuga de información militar que habría sido compartida con los grupos delictivos que operan en la zona.
Uno de los focos de la indagación apunta a los procesos de coordinación con funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Dicha institución participa activamente en la planificación de operativos militares destinados a neutralizar campamentos de minería ilegal. La posibilidad de complicidades internas o filtraciones en esta coordinación es actualmente objeto de una investigación paralela.
Emboscada en Alto Punino: un ataque sin precedentes recientes
El comandante del Ejército, Henry Delgado, confirmó que desplegaron cuatro equipos de combate, con cerca de 80 militares, de forma simultánea en varios sectores de Alto Punino, una región donde las autoridades han identificado operaciones mineras ilegales de gran escala. Durante la ejecución del operativo, los elementos armados sorprendieron a las tropas con un ataque coordinado, ya que conocían con precisión la ruta y la ubicación exacta de los militares.
Durante la emboscada murieron once militares y un civil identificado como alias «Compadre», presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera, lo que sugiere que el grupo delictivo participó directamente en la ejecución del ataque. Las autoridades manejan con extrema cautela los datos recopilados, ya que el hecho ha expuesto posibles debilidades en el sistema de inteligencia y seguridad nacional.
Minería ilegal y crimen organizado: un conflicto estructural
En los últimos años, el auge de la minería ilegal ha generado un complejo entramado de intereses ilegales en zonas fronterizas y selváticas del Ecuador. Esta actividad, catalogada como amenaza a la seguridad nacional, se encuentra estrechamente vinculada con redes de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos. Solo en Napo, Arcom reportó que destruyeron más de 50 campamentos ilegales en los últimos dos años. Sin embargo, las operaciones se han vuelto cada vez más riesgosas debido a la militarización de los grupos delincuenciales.
El despliegue de fuerzas en zonas como Alto Punino busca desarticular las estructuras logísticas de estos grupos. Sin embargo, la ocurrencia de eventos como esta emboscada subraya la urgencia de fortalecer la inteligencia operativa y prevenir cualquier posible fuga de información militar que ponga en riesgo vidas humanas y misiones críticas.
Reacciones y medidas inmediatas tras la tragedia
Desde el fin de semana posterior al ataque, miembros de la brigada de inteligencia del Comando Central del Ejército se han trasladado a la provincia de Napo para liderar las investigaciones bajo estricta confidencialidad. El objetivo es esclarecer las responsabilidades, establecer los mecanismos de filtración de datos y presentar los hallazgos ante la justicia militar y civil.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas han reforzado la seguridad en las zonas de conflicto. Han intensificado los patrullajes y el monitoreo con tecnología satelital y drones.
La muerte de estos once soldados causó consternación nacional. Además, reabrió el debate sobre la eficacia de los actuales esquemas de inteligencia frente al crimen organizado.
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