- Tres postulantes al cargo de fiscal general fueron impugnados ante la comisión ciudadana del concurso.
- Las impugnaciones se basan en el artículo 46, numeral 2 del reglamento, sobre falta de probidad e idoneidad.
- Las audiencias comenzaron el martes 22 de septiembre y continúan el miércoles 23.
- Las postulantes rechazaron los cuestionamientos calificándolos de prueba inexistente.
Tres postulantes al cargo de fiscal general del Estado fueron impugnados este martes ante la comisión ciudadana encargada de calificar el concurso, en audiencias realizadas en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Quito. Las postulantes impugnadas son Julia Maritza Villalta García, Mauricio Javier Aguirre López y Andrea Elizabeth Cazar Villacís.
El fundamento de las impugnaciones
Las tres impugnaciones fueron presentadas por el ciudadano Luis Edwin Cangahuamín Andrango, quien invocó el artículo 46, numeral 2 del reglamento del concurso, referido a la falta de probidad e idoneidad de los postulantes para ocupar el cargo. El proceso de audiencias comenzó el martes 22 de septiembre y continuará el miércoles 23, día en que la comisión deberá resolver sobre la procedencia de cada uno de los cuestionamientos presentados.
La defensa de las postulantes
Durante su comparecencia, Villalta García rechazó de forma directa el cuestionamiento sobre su puntaje: «no le corresponde al postulante juzgar si merecía o no el punto que me fue asignado por parte de la comisión», señaló ante los integrantes del panel. Por su parte, Cazar Villacís calificó el sustento de la impugnación en su contra como «prueba inexistente», en un intento por desestimar los argumentos presentados por el impugnante.
Un concurso bajo estricta vigilancia ciudadana
El concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado se desarrolla bajo el mecanismo de veeduría e impugnación ciudadana que contempla la normativa ecuatoriana para los procesos de selección de autoridades de control, un esquema diseñado para permitir que cualquier ciudadano pueda cuestionar la idoneidad de los aspirantes antes de que avancen a etapas posteriores del proceso. La resolución final de la comisión sobre estas tres impugnaciones definirá si las postulantes continúan o quedan fuera del concurso.
Un proceso que se suma a otros frentes judiciales activos
El concurso de fiscal general avanza en paralelo a otros procesos judiciales de alto perfil que mantienen ocupada a la institucionalidad de control del país, en un contexto donde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social enfrenta una carga considerable de procesos de selección de autoridades pendientes de resolución en las próximas semanas, todos ellos sujetos al mismo escrutinio público que ha caracterizado este concurso específico para la Fiscalía General, en una etapa donde el propio organismo electoral también avanza en la definición de la lista oficial de candidatos al CPCCS de cara a las próximas designaciones.
Antecedentes de vacíos institucionales en la Fiscalía
El concurso actual busca llenar la vacante que ha mantenido en incertidumbre a la Fiscalía General del Estado durante varios meses, un vacío institucional que ha generado preocupación en distintos sectores del sistema judicial ecuatoriano por el impacto que puede tener en el avance de causas penales de alto perfil que requieren la conducción directa de la máxima autoridad de la institución. La resolución final del concurso, una vez superada la etapa de impugnaciones, deberá seguir con las fases de entrevistas y calificación final ante la comisión ciudadana correspondiente.
Organizaciones de la sociedad civil que han seguido de cerca este tipo de procesos de selección han insistido en la importancia de que las impugnaciones se resuelvan con total transparencia, dado el peso institucional que tiene la Fiscalía General dentro del sistema de justicia penal del país y la necesidad de que quien asuma el cargo cuente con una legitimidad de origen incuestionable ante la ciudadanía y ante las propias instituciones del sistema de justicia penal.
El mecanismo de impugnación ciudadana que rige este concurso permite que cualquier persona presente objeciones documentadas contra los postulantes, un derecho que en este caso ejerció directamente el ciudadano Cangahuamín Andrango sobre tres de los aspirantes al cargo, en un proceso que la comisión deberá resolver considerando tanto la solidez de las pruebas presentadas como los argumentos de defensa expuestos por cada una de las postulantes cuestionadas durante las respectivas audiencias públicas.
Fuente informativa: El Universo — Concurso de fiscal general: tres postulantes fueron impugnados este martes ante la comisión ciudadana.
